Ecuatorianos celebrarán en 2017 elecciones para renovar presidente

Más de 12 millones de ecuatorianos deberán acudir a las urnas en febrero próximo para elegir entre ocho candidatos a quien será su próximo presidente, en un proceso que se ha visto empañado por dos...

Más de 12 millones de ecuatorianos deberán acudir a las urnas en febrero próximo para elegir entre ocho candidatos a quien será su próximo presidente, en un proceso que se ha visto empañado por dos escándalos de corrupción.

De acuerdo con datos del Consejo Nacional Electoral, el 19 de febrero próximo, 12 millones 816 mil ecuatorianos habilitados para votar podrán decidir quién será el sucesor del actual mandatario Rafael Correa, quien dejará el poder después de 10 años.

Recientes encuestas muestran que los candidatos con mayor intención de voto son el exvicepresidente Lenin Moreno, del oficialista Movimiento Alianza País, con una preferencia que va del 28.6 al 38.2 por ciento.

Aunque analistas prevén que la candidatura de Moreno podría verse afectada por los escándalos de corrupción que marcaron el último año de gobierno de Correa y que se encuentran en investigación: el de Petroecuador y el de Odebrecht.

En segunda posición se ubica la abanderada del opositor Partido Social Cristiano (PSC), Cynthia Viteri, con el 19.3 por ciento de las preferencias electorales; seguida por Guillermo Lasso, de la Alianza CREO-Suma, con el 17.7 por ciento; y Paco Moncayo, de Acuerdo por el Cambio (ANC), en el cuarto, con el 14.8 por ciento.

Mientras que Dalo Bucaram, de Fuerza Ecuador (FE), está en un lejano quinto sitio con el 4.0 por ciento de la intención de voto; seguido por Iván Espinel, de Fuerzas Compromiso Social; Patricio Zuquilanda, de Partido Sociedad Patriótica (PSP); Washington Pesántez, del movimiento Unión Ecuatoriana, con menos del 1.0 por ciento cada uno.

De acuerdo con las leyes electorales de Ecuador, el 19 de febrero próximo podrá surgir el nuevo presidente del país si obtiene una votación mayor al 50 por ciento o del 40 por ciento y supera con al menos 10 por ciento a su contendiente más cercano.

En caso contrario se convocará a una segunda vuelta, que se llevaría a cabo el 2 de abril próximo y en la que contenderían los dos candidatos más votados. El ganador asumirá la presidencia ecuatoriana el 24 de mayo próximo para un mandato de cuatro años.

En los próximos comicios generales se elegirá además de presidente y vicepresidente, cinco parlamentarios andinos y 137 asambleístas.

El proceso electoral ecuatoriano se ha visto empañado por dos escándalos de corrupción que salieron a la luz este año.

El primero de estos escándalos es el de Petroecuador, considerado el mayor caso de corrupción en el país en la última década, y por el que la Fiscalía realiza investigaciones a 80 personas por acusaciones de peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, cohecho, tráfico de influencias, delincuencia organizada y perjurio.

Este caso comenzó a ser investigado luego que en abril pasado el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) filtrara documentos confidenciales de la firma legal panameña Mossak Fonseca, que mostraban como personas adineradas y funcionarios usaron los paraísos fiscales para ocultar su riqueza.

Tras darse a conocer, mediante los llamados Panama Papers, los nombres de “offshores” constituidas por ecuatorianos, en este país se abrió una investigación contra Álex Bravo, quien era gerente de Petroecuador y quien tejió una red de corrupción.

Mientras que el segundo caso salio a la luz luego que el pasado 22 de diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que funcionarios de 12 países habrían recibido millonarios sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht.

De acuerdo con la denuncia, la constructora brasileña -que opera en 27 países- habría pagado 33.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios ecuatorianos para evitar sanciones por una mala construcción, en referencia a la represa San Francisco, situada en la provincia ecuatoriana de Pastaza.

Aunque las autoridades de Ecuador han solicitado formalmente mayor información a Estados Unidos sobre el caso, el presidente Rafael Correa señaló este sábado que esas acusaciones buscaban enturbiar las próximas elecciones generales.

El mandatario calificó como desafortunado el caso de la represa San Francisco, y recordó que su gobierno expulsó a Odebrecht en 2008 por fallas en la construcción de esa obra.

Correa señaló que en ese entonces se ordenó el arraigo de funcionarios de esa empresa y se concluyó con los contratos que tenía en el país. Aunque Odebrecht continúa trabajando con el municipio de Quito.