Human Rights Watch cuestiona Ley de Amnistía en Colombia

El director para América de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, hizo serios reparos a la Ley de amnistía a favor de los guerrilleros de las FARC, aprobada la semana pasada en el congreso de...

El director para América de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, hizo serios reparos a la Ley de amnistía a favor de los guerrilleros de las FARC, aprobada la semana pasada en el congreso de Colombia.

Vivanco envió desde Washington una carta al presidente Juan Manuel Santos, que fue revelada este lunes por el diario El Tiempo.

“Nos preocupa que algunas disposiciones de dicho proyecto de ley puedan limitar la posibilidad de juzgar abusos, respecto de los cuales existe una obligación jurídica de asegurar justicia”, destacó en la carta de Vivanco.

La Ley de amnistía fue aprobada por mayoría en el Congreso de Colombia y esta semana debe ser sancionada por el presidente Santos, para su vigencia entre los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Cuestiono que la iniciativa se haya puesto a debate en el Congreso en una “semana atípica” para legislar en las fiestas de navidad y de año nuevo.

De acuerdo con la organización no gubernamental estadunidense, si bien la iniciativa estableció que las violaciones de los derechos humanos “no serán objeto de amnistías, la manera como está redactado contiene vacíos que podría utilizar los responsables para evadir la justicia”.

Para Human Rights Watch la Ley es vaga a “la hora de establecer las reglas que regirán sobre la libertad condicional que se ofrecerá a los sindicados de graves delitos”.

Agregó que la iniciativa calificó las “ejecuciones extrajudiciales como un crimen no amnistiable, no obstante que en el derecho penal colombiano este crimen está tipificado bajo otro nombre (homicidio agravado o homicidio en persona protegida)”.

La Ley de amnistía es considerada por el gobierno de Santos, como esencial para poder avanzar en la concentración de los guerrilleros de las FARC, en su proceso de dejación de armas que debe terminar en el primer semestre del 2017.