Congreso colombiano inicia debates de ley de amnistía para las FARC

El Congreso de Colombia inicia hoy la implementación de los Acuerdos de Paz con la discusión del proyecto de ley de amnistía, con el que el gobierno busca otorgarle seguridad jurídica a los miembros...

El Congreso de Colombia inicia hoy la implementación de los Acuerdos de Paz con la discusión del proyecto de ley de amnistía, con el que el gobierno busca otorgarle seguridad jurídica a los miembros de las FARC que dejen las armas.

El proyecto de ley de amnistía tiene como ponente al senador oficialista Armando Benedetti, uno de los principales escuderos del Acuerdo de Paz en el Congreso, ante las arremetidas de los sectores de la derecha que se oponen al pacto firmado con las guerrillas de las FARC.

El objetivo de este proyecto es regular las amnistías e indultos por los delitos políticos conexos para los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Además, la iniciativa adoptará “tratamientos penales especiales diferenciados, en especial para Agentes del Estado condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”.

Según el documento entregado a consideración del Congreso, “la amnistía se aplicará individualmente de manera progresiva a cada una de ellas cuando el destinatario haya dejado las armas de conformidad con el cronograma y la correspondiente certificación acordados para tal efecto”.

Igualmente se les concederá amnistía a los beneficiados, a aquellas personas con “conductas estrechamente vinculadas al cumplimiento del proceso de dejación de armas”.

El proyecto amplía los beneficios a sanciones disciplinarias o administrativas, dando extensión a sentencias impuestas con anterioridad por conductas relacionadas directa o indirectamente con el conflicto armado.

La amnistía es el proyecto de Ley más urgente que el gobierno necesita para dar tranquilidad a unos ocho mil miembros de las FARC, que desde la semana pasada iniciaron su concentración en las zonas veredales (áreas de concentración en zonas rurales).

La amnistía en Colombia ha sido utilizada por diferentes gobiernos que buscaron en el pasado acercamientos de paz con grupos armados irregulares.

En el gobierno conservador de Belisario Betancur (1982-1986) se aprobó una Ley de Amnistía, que permitió la excarcelación de 31 guerrilleros de las FARC, 265 del movimiento M-19 y 35 del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Además, a 36 del Ejército Popular de Liberación (EPL), seis del Movimiento de Autodefensas Obreras (ADO) para un total de 373 amnistiados.

En el gobierno liberal de Virgilio Barco Vargas (1986-1990) también se aprobó una amnistía para conceder el perdón al movimiento insurgente M-19, que firmó la paz para dejar las armas y pasar a ser un movimiento político legal.

El mandatario César Gaviria (1990-1994) firmó el Decreto 213 de 1991 para hacer posible la realización de los procesos de paz de las guerrillas del Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Ejército Popular de Liberación y el Quintim Lame.

El expresidente y actual secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper (1994-1998) negoció la reinserción de la Corriente de Renovación Socialista (CRS), disidente del ELN, con una serie de beneficios jurídicos.

De los 865 excombatientes y miembros de la CRS comprometidos en el proceso de reincorporación a la vida civil, 701 obtuvieron el derecho a todos los beneficios de reinserción, mientras que 164 sólo recibieron los beneficios jurídicos.

Los gobiernos derechistas de Andrés Pastrana (1998-2002) y Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) también otorgaron amnistías e indultos a irregulares en diálogos de paz.

El presidente Juan Manuel Santos, quien firmó el acuerdo de paz con las FARC, debe otorgar amnistía e indulto a los miembros de este grupo rebelde para que puedan entregar las armas en el primer semestre de 2017 a una misión de Naciones Unidas.

El Congreso de Colombia en sus dos cámaras (alta y baja) y con el aval del “Fast Track”, avalado por la Corte Constitucional, debe aprobar lo más rápido posible la amnistía para las FARC, para los delitos políticos de rebelión y asonada.

Igualmente para delitos como conspiración y sedición, usurpación y retención ilegal de mando, junto con los delitos que le son conexos.

Otras leyes que son esenciales para implementar el Acuerdo de Paz con las FARC son: Reforma constitucional, una iniciativa que tiene como propósito crear los instrumentos jurídicos y políticos expeditos para que de esta forma se pueda tramitar el Acuerdo de Paz.

La reforma constitucional pretende crear una comisión legislativa especial, que sería incorporada a la estructura del Congreso.

Dicha comisión examinaría y aprobaría, en primera instancia, las reformas acordadas en La Habana. Sus decisiones deben ser ratificadas durante sesiones plenarias de la Cámara de Diputados y del Senado.

El Congreso debe aprobar facultades extraordinarias al presidente Santos para que pueda expedir decretos con fuerza de ley, relacionados con la agilización de la implementación de Acuerdo de Paz.

Santos hizo énfasis este fin de semana en que la entrega de armas por parte de las FARC “está determinada por un cronograma específico”.

Recordó que “en este momento, hoy, están las FARC trasladándose a los puntos predeterminados, con monitoreo y verificación internacional. Hay más de 500 observadores internacionales que van a hacer un inventario de las armas”.

De acuerdo con lo pactado, a los 90 días la guerrilla dejará el 30 por ciento de su armamento. Otro 30 por ciento lo entregará a los 120 días y el 40 por ciento restante pasará a manos de la ONU al término de los 150 días.

El jefe del Estado subrayó que tal procedimiento se encuentra establecido, que los días son específicos y “eso comenzará cuando las FARC se concentren en los sitios diseñados con todo lo requerido”, para su desmovilización y desarme.