Activista denuncia ejecuciones extrajudiciales en Venezuela

El Estado venezolano vulnera los derechos fundamentales con ejecuciones extrajudiciales a través de sus operativos de seguridad contra la delincuencia, denunció el activista de derechos humanos...

El Estado venezolano vulnera los derechos fundamentales con ejecuciones extrajudiciales a través de sus operativos de seguridad contra la delincuencia, denunció el activista de derechos humanos, Rafael Narváez.

Narváez se refirió a la llamada Operación de Liberación del Pueblo (OLP), que son acciones conjuntas de organismos de seguridad que ocupan barrios populares, detienen y “dan de baja” a personas presuntamente buscadas por las autoridades.

“La denominada OLP, en la que intervienen militares activos y policías, es el caso más patético de violación de esos derechos”, señaló el abogado y actual presidente de la Asociación en Defensa de los Derechos Civiles (ADDC).

En entrevista con Notimex, Narvávez dijo que la OLP es sencillamente un grupo de “exterminio” que utiliza procedimientos ilegales en los que la Fiscalía General no participa y ni siquiera conoce cuáles son sus métodos de actuación.

“En Venezuela no existe la pena de muerte y, sin embargo los cuerpos de seguridad del Estado la están aplicando y se dan el lujo de informarlo descaradamente al país al anunciar frecuentemente el elevado número de ‘bajas’ de presuntos delincuentes”, alegó.

Observó que esos operativos, realizados en especial en los barrios, dejan una secuela de muertos, no resuelven el problema de la delincuencia y “se han convertido en un mecanismo de persecución hacia la gente más humilde, criminalizando la pobreza”.

“Este año fueron abatidos 250 presuntos delincuentes mediante ejecuciones extrajudiciales y se realizaron más de 14 mil detenciones, de las cuales el 90 por ciento fueron de forma arbitraria. Igualmente 900 viviendas fueron demolidas durante los operativos”, explicó.

Denunció que familias enteras son lanzadas a la calle sin importar que estén conformadas por niños, niñas, adultos mayores. Algunos vecinos han señalado que en ocasiones los funcionarios que realizan el operativo terminan hurtando los bienes de las personas.

Además, comparte la opinión de quienes señalan que Venezuela necesita una reacción frente a la delincuencia por la que es azotada, pero que mientras las medidas de respuesta a la violencia sea más violencia, los resultados siempre serán desfavorables.

Destacó que los grupos de exterminio de la OLP ahora compiten con el hampa por el primer lugar del ranking de la muerte, a ver quién mata más personas. “Son ellos quienes deciden sobre la vida o muerte de los ciudadanos de este país”, afirmó.

“A todas estas, la Defensoría del Pueblo no cumple con sus obligaciones constitucionales ni con los parámetros fijados por las Naciones Unidas, razón por la cual habría sido rebajada a categoría B por la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos”, señaló Narváez.