Avalan diputados reformas para legislar en materia penitenciaria

Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Constitución mexicana, con el fin de facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes generales que establezcan las bases y...

Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Constitución mexicana, con el fin de facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes generales que establezcan las bases y principios generales en materia de administración de centros penitenciarios.

Así como la distribución de competencias entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en la materia.

Con 422 votos a favor, que representa la mayoría calificada para avalar una reforma constitucional, se avaló este dictamen que se remitió al Senado de la República, para su ratificación.

Estas leyes establecerán la concurrencia de la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Se precisa que la adición de un inciso d) a la fracción XXI del artículo 73 tiene la finalidad de homologar principios constitucionales, compromisos señalados en tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte, en materia de reinserción social.

El dictamen, elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales, surge de una iniciativa que la diputada del PAN, Karina Padilla Ávila, presentó el pasado 4 de mayo, y este martes al presentar el dictamen a nombre de dicha comisión, refirió que con estas leyes se fortalecerán los derechos humanos en el ámbito penitenciario.

En sus consideraciones, señaló que “ante los múltiples avances que ha tenido nuestro país en materia de derechos humanos, particularmente tras la reforma constitucional del año 2011, se ha generado un progreso notable en su implementación”.

“Sin embargo, lo anterior no se ha reflejado plenamente en el ámbito penitenciario, y aún se tiene la errónea idea de que la pena se debe entender como un castigo y no un medio de readaptación social, y que para lograrlo es imperativo el respeto irrestricto a los derechos humanos de los imputados o sentenciados”, expuso.

Apuntó que esa “percepción ha mermado el desarrollo armónico y reeducativo al interior de la vida en los centros penitenciarios mexicanos”, lo que se suma a la sobrepoblación carcelaria, el abuso de poder, la corrupción administrativa y la desvinculación con los otros sectores del sistema de justicia penal dificultan todavía más cualquier posibilidad de reinserción social.

Padilla Ávila indicó que la reinserción social, “conforme al Artículo 18 constitucional, implica un tratamiento individualizado para encauzar a la persona en reclusión a incorporarse nuevamente en la sociedad y evitando en la medida de lo posible, que vuelva a delinquir”.

En consecuencia, dijo, se plantea adicionar un inciso d) a la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política para quedar como sigue:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad para expedir:

“d) Leyes de carácter general, que establezcan la concurrencia de la federación, las entidades federativas, los municipios, y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de Centros Penitenciarios y Administración Penitenciaria conforme a lo dispuesto en el Artículo 18 constitucional (que se refiere a la prisión preventiva)”.

Finalmente, afirmó que el objetivo del dictamen es velar por la protección de los derechos humanos de las personas, lo que consideró que es prioritario, y dijo que esta reforma traerá al país el respeto a los derechos humanos, a la seguridad interna y a garantizar una real y efectiva reinserción social.