Diputados crean juicio de resolución de fondo en materia fiscal

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular el decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y al...

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular el decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y al Código Fiscal de la Federación, a fin de crear el “juicio de resolución exclusiva de fondo en materia fiscal”.

El documento, avalado este jueves por 361 votos a favor, 31 en contra y ocho abstenciones, surgió de dos iniciativas, una del Ejecutivo federal y otra de los diputados Candelario Pérez Alvarado, del PRD, y Jorge Estefan Chidiac, del PRI.

Al aprobarse en lo particular, el Pleno rechazó las reservas a ocho artículos presentados por legisladores de Morena, y pasó a votación con 307 a favor y 89 en contra, por lo que se turnó al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

Al hacer uso de la tribuna para fundamentar el dictamen elaborado por la Comisión de Justicia, el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa afirmó que “justicia que llega tarde no es justicia”, por lo cual, se reconoce la necesidad que existe de hacer valer el precepto constitucional de justicia pronta y expedita para todos los mexicanos.

Indicó que la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto crea los juicios de resolución exclusiva de fondo, creando un proceso legal, en el que, bajo determinados supuestos establecidos en la ley, tanto el actor como la autoridad demandada solo pueden alegar justamente cuestiones relativas al fondo de los asuntos.

Explicó que el juicio de resolución exclusiva de fondo se tramitará a petición exclusiva del actor bajo los principios de oralidad, celeridad y resolución sustantiva, y versará únicamente sobre la impugnación de resoluciones definitivas que deriven del ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales.

En este sentido, dijo el priista, se propone que el procedimiento especializado del recurso de revocación sea sólo procedente con respecto a resoluciones definitivas de la autoridad, que atendiendo a su naturaleza refieren a los elementos esenciales de las contribuciones.

“Es decir, sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, lo que sin duda significará un gran ahorro de tiempo y recurso para los contribuyentes que usen este mecanismo jurídico”, planteó Ibarra Hinojosa.

Una de las características del nuevo juicio, que se dirimiría en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es que se “observarán especialmente los principios de oralidad y celeridad”.

La diputada del Partido Verde, Lia Limón García, explicó que esta reforma es parte del paquete de justicia cotidiana enviado por el Ejecutivo federal, y se deriva del diagnóstico de funcionamiento del sistema de impartición de justicia en materia administrativa.

El estudio elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) tiene como fin identificar problemas de primer orden, como la dilación, la falta de seguridad jurídica y de acceso a la justicia.

De dicho análisis, abundó, se desprende que la duración promedio de los asuntos analizados fue de 145 días hábiles para notificar la sentencia de primera instancia y de 206 días hábiles para resolver el recurso de revisión en segunda instancia.

Esto deja claro, abundó, que hay quienes prefieren mantener el statu quo en materia de justicia y hoy se están proponiendo cambios que pretenden cambiar elementos de justicia, que hoy hacen inaccesible la misma para los ciudadanos.

Es decir, indicó, en materia de impartición de justicia nuestra realidad es concebida como la falta de mecanismos efectivos para dar solución a los conflictos, lo que genera incentivos para la justicia por propia mano.

Asimismo, la intervención de terceros que se benefician de las controversias o simplemente para dejar a las personas en virtual estado de desprotección y por consiguiente generar alicientes para la impunidad, planteó Limón García.

Para que los órganos judiciales contenciosos administrativos actúen de manera pronta y expedita, subrayó, deben contar con leyes procesales, con plazos razonables, con una administración y gestión eficiente, y que se dote a los usuarios de información necesaria para que conozcan los costos y beneficios de acudir a tal o cual procedimiento.

En resumen, enfatizó la legisladora ecologista, el juicio de resolución exclusiva es una opción con la que se pretende favorecer el acceso a la justicia.

El diputado Arturo Santana Alfaro fijó el posicionamiento de la fracción del Partido de la Revolución Democrática, y planteó que al avalarse este dictamen se posibilita que de inmediato se ponga en funcionamiento una nueva modalidad de juicio contencioso administrativo, denominado juicio de resolución exclusiva de fondo.

Juicio en el que, como su nombre lo indica, el demandante solo podrá hacer valer conceptos de impugnación que tengan por objeto resolver exclusivamente sobre el fondo del asunto, el fondo de la controversia.

Sin que obste para ello que la resolución que se controvierta se encuentre motivada en el incumplimiento total o parcial de requisitos exclusivamente formales o de procedimiento establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables, siempre que el demandante acredite que no se produjo omisión en el pago de contribuciones.

En efecto, agregó, en este nuevo juicio el actor y la autoridad demandada solo pueden alegar cuestiones relativas al fondo respecto de la insistencia misma de la obligación fiscal y dentro de un procedimiento sustentado en los principios de celeridad, oralidad, resolución sustantiva y proporcionalidad.

Santana Alfaro explicó que se trata de un juicio opcional para los particulares, que solamente será procedente contra resoluciones definitivas de la autoridad en ejercicio de sus facultades comprobatorias, en el que el monto en controversia exceda de las 200 veces la unidad de medida y actualización elevadas al año.

“En el que solo se atenderán cuestiones de fondo; en el que las pruebas serán exhibidas de un inicio; en el que no se exige al contribuyente que garantice crédito fiscal y en el que se privilegia la oralidad”, finalizó el diputado perredista.