No hay inseguridad jurídica para clientes de Sociedades Financieras:

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó un amparo contra la Ley de Ahorro y Crédito Popular e indicó que no hay inseguridad jurídica para los clientes de las...

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó un amparo contra la Ley de Ahorro y Crédito Popular e indicó que no hay inseguridad jurídica para los clientes de las Sociedades Financieras Populares.

Al resolver el recurso 266/2016, en el que se negó un amparo a los quejosos contra los artículos 75, 78, 90 y 105 de la referida legislación, los ministros determinaron que no existe tal violación.

El argumento de la parte quejosa consistió en el historial de la intervención y suspensión de actividades contra una Sociedad Financiera Popular por la autoridad, a quien se vedó la posibilidad de disponer de manera libre del numerario que invirtió previamente en esa institución financiera, los ahorradores.

La Segunda Sala señaló que la intervención o suspensión de actividades de las Sociedades Financieras Populares sólo conlleva a un acto de molestia para las personas que depositan cantidades en éstas, no así privativo, en la medida que eventualmente recuperen su dinero.

Además, las instituciones financieras no están exentas de la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues al ejercer dichas facultades en materia de inspección y vigilancia en beneficio de los propios ahorradores, se previenen y en su caso normalizan oportunamente las anomalías financieras.

También, los preceptos legales impugnados constituyen una medida cautelar que se emite cuando están en riesgo los intereses de los ahorradores o está en peligro la estabilidad y solvencia de la Sociedad Financiera Popular.

La Sala sostuvo que el hecho que la legislación analizada disponga que el pago de depósitos a los ahorradores de una Sociedad Financiera Popular intervenida sea hasta por 50 por ciento del monto garantizado por el Fondo de Protección, no significa que pierdan el resto del dinero invertido y, por consiguiente, que tal medida resulte privativa.

La Segunda Sala concluyó que no se advierte que el procedimiento que se trata genere inseguridad jurídica en los clientes de las Sociedades Financieras Populares por no establecer el plazo para que se les cubran íntegramente las cantidades depositadas, retenidas con motivo de la intervención o suspensión de actividades.

El Artículo 91 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular señaló que el Comité dispondrá de un término que no excederá de 180 días naturales contados a partir de la intervención o suspensión de actividades.

Ello, para determinar cuál es el mecanismo idóneo a fin de regularizar la situación de la sociedad en cuestión, a partir de la que conlleve el menor costo para el Fondo de Protección, el cual se sujeta a sus propias reglas.