Adolfo Solís Farías, especialista en derecho fiscal, consideró necesario un mayor control sobre los outsourcing, como se busca con la iniciativa de reforma fiscal abordada por legisladores federales.

Muchos de los outsourcing que han llegado a la región incumplen sus obligaciones fiscales, “no pagan las retenciones de los trabajadores y crean esquemas que afectan a los obreros y evitan el pago del IVA, perjudicando a las empresas que los contratan”, dijo.

Ante el Colegio de Contadores Públicos de Baja California (CCPBC), expuso que el outsourcing es bueno como mecanismo administrativo de evolución y de mejoría para empresas, pero muchos abusan del pago de impuestos, planeaciones ilegales, elusiones y evasiones.

Solís Farías opinó que se debe tener un mayor control de estas figuras.

Además de la iniciativa de reforma fiscal debe haber una fiscalización más profunda para presionar a los que llevan operación de outsourcing e identificar qué personas son las que están diseñando, ofertando y promoviendo este tipo de figuras.

“No es malo que se creen mecanismos de tercerización, lo que es malo es que se abuse de esos mecanismos, que no se paguen los impuestos”, sostuvo.

Además que en ese abuso “se perjudique a los trabajadores, pues cuando cumplan 65 años no van a tener ninguna garantía ni ahorros, es algo totalmente ilegítimo y si no alertamos a la población eso va a venir a alterar la seguridad de las empresas”.

Precisó que el outsourcing lo primero que evade son los pagos por concepto de Impuesto sobre el Producto del Trabajo (ISPT) o el ISR retenido a los trabajadores.

También el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que se cobra al empresario pero al momento que llegar a la entidad se dispersa entre múltiples empresas que impiden rastrearlo.

“La verdadera falla del outsourcing es que la empresa contrata personal a través de sus servicios, pero el outsourcing no tiene trabajadores, infraestructura ni capacidad material e incluso no hace los pagos a los trabajadores”, anotó.

En todo esto, agregó, utiliza a una cadena de empresas que pueden ser de tres, 60 o más en diferentes partes del país, “dispersándose de manera tal que el fisco no los pude identificar”.

Aseveró que el marco de responsabilidad exige que los empresarios contraten sólo a empresas de tercerización que sean cumplidas.

Pidió que la acción esté enfocada a las personas y se detenga a quienes promueven estas figuras, ya que son organizaciones que pueden operar o desaparecer muy rápido.

“Pero las personas que lo diseñan y que regularmente no aparecen en las actas constitutivas son las que deben asumir la responsabilidad”, finalizó.