El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria pidió hoy al gobierno argentino la liberación de Milagro Sala, una dirigente política opositora al presidente Mauricio Macri, quien fue detenida en enero pasado.

El organismo concluyó que la detención de Sala, quien ha sido considerada por algunos sectores como la primera presa política del macrismo, se basó en causas judiciales manipuladas para sostener su privación de libertad por tiempo indefinido.

Sala, de 51 años, lidera Tupac Amaru, una organización de la provincia de Jujuy, ubicada en el norte del país, que logró operar múltiples programas sociales que beneficiaron a parte de la población más desfavorecida.

Sus opositores la acusan de una serie de hechos fraudulentos y crímenes que hasta ahora no han sido probados, pero sí ampliamente difundidos a través de una intensa campaña mediática en su contra.

El pasado 16 de enero Sala fue detenida en Jujuy, acusada de “instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real” por hacer un plantón frente a la casa de Gobierno en protesta por el recorte de subsidios para la construcción de viviendas y el trabajo de cooperativas.

La dirigente fue aliada de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y opositora de Macri, además de que mantuvo una fuerte pelea con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien asumió en el cargo recién en diciembre pasado.

Morales había anticipado su encono contra Sala, por lo que la detención ha sido interpretada como una peligrosa venganza política que criminaliza la protesta social, que es un derecho constitucional, no un delito.

Organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Right Watchs, además del Parlamento Europeo, criticaron su detención de Sala, con quien incluso el Papa Francisco se solidarizó al enviarle un rosario bendecido.

Este viernes el grupo especial de Nacionales Unidas concluyó, después de analizar las causas judiciales, que no existen elementos legales para justificar su prisión preventiva.

También consideró que el Estado impidió el ejercicio del derecho de defensa de Sala por la falta de precisión y claridad de los hechos que se le imputan y por no informarle adecuadamente los delitos por los que es acusada.

Además se violaron sus derechos, ya que Sala, por su condición de parlamentaria del Mercosur contaba con fueros que impedían su detención.

La recomendación de Naciones Unidas fue en respuesta a una denuncia internacional presentada por Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales y la asociación Andhes.