Agentes antinarcóticos filipinos mataron a tiros al alcalde de la ciudad de Saudi Ampatuan, en una de las operaciones más sangrientas desde que el presidente Rodrigo Duterte lanzó una ofensiva contra las drogas ilegales.

Samsudin Dimaukom, alcalde de la ciudad sureña Saudi Ampatuan, fue una de las más de 150 personas, entre funcionarios, jueces y policías, identificados por Duterte a principios de este año como implicados en el tráfico de drogas.

Este incidente se produce cuando el presidente Duterte prevé entre 20 mil y 30 mil muertes más en la polémica campaña contra las drogas que lanzó nada más comenzar su mandato el pasado 30 de junio, informaron este viernes medios locales.

"Podemos esperar 20 mil o 30 mil muertes más para poder acabar con el problema de las drogas de mi país", dijo anoche el mandatario desde Davao, una ciudad del sur del país de la que fue alcalde durante 22 años.

La policía recibió información de que el grupo de Dimaukom tenía la intención de transportar una "enorme" cantidad de metanfetamina de la ciudad de Davao, ciudad natal de Duterte, a la provincia de Maguindanao, donde se encuentra Saudi Ampatuan.

El portavoz de la policía, Romeo Galgo, señaló que Dimaukom y su personal de seguridad abrieron fuego después que la policía antinarcóticos detuvieron sus vehículos en un puesto de control bajo la sospecha de que transportaban drogas ilegales.

Los oficiales respondieron al fuego, matando a nueve hombres en la ciudad de Makilala, a unos 950 kilómetros al sur de la capital, Manila.

"Los sospechosos estaban fuertemente armados y dispararon contra los agentes, por lo cual respondieron al fuego," manifestó Galgo.

La guerra contra las drogas, lanzada por Duterte, se ha cobrado más de tres mil 800 vidas y ha provocado las críticas de Estados Unidos, Naciones Unidas y grupos internacionales de derechos humanos por supuestas ejecuciones sumarias.

Duterte, quien llegó al poder en las elecciones de mayo con la promesa de erradicar las drogas, ha descrito a sus críticos como "tontos" y dijo que no está rompiendo ninguna ley nacional por amenazar de muerte a los delincuentes.