La presidenta de Movimiento Ciudadano local Esthela Damián Peralta, propuso que la Constitución de la Ciudad de México proteja la aspiración de mujeres para acceder a un cargo público, y evitar que por razones políticas o de discriminación se usen medios de presión o coacción para evitarlo.

La también diputada constituyente sostuvo que este planteamiento debe prever que ningún encargo público depositado en una persona del sexo femenino sea creado “demagógicamente” para acallar críticas, sino con facultades plenas e impacto real en beneficio de la ciudadanía.

Expuso que presentó a la Asamblea Constituyente una iniciativa sobre el tema, en la que se plantean diversos aspectos para evitar la violencia política hacia las féminas.

Movimiento Ciudadano ha platicado con representantes de diversos sectores sobre el tema relacionado con los cargos públicos y la violencia política “y observamos que incluso no es exclusivo de las mujeres, sino también hay hombres víctimas, aunque en menor cantidad”.

Aclaró que la iniciativa va dirigida a mujeres capitalinas que tienen derecho a defender su libre ejercicio en la vida política, pues en sociedades plurales y cosmopolitas, como es la Ciudad de México, “donde el crisol de identidades y voces es vasto”, es necesario asegurar que sean escuchadas y respetadas.

De acuerdo con un comunicado de ese partido, de esa forma se evitará que el sexo femenino sea usado “con fines cupulares”, y las mujeres “presionadas para no actuar”; teniendo presente que la fortaleza de una democracia no radica en el poder de sus mayorías, sino en el respeto irrestricto a sus minorías.

Damián Peralta dijo que esa iniciativa surge como un acicate para la construcción de un sistema democrático auténtico, acorde con las necesidades de una sociedad.

El objetivo es responder a la ciudadanía que requiere cada vez más participación en la vida democrática, así como corregir actos y normas contrarias a los intereses y demandas de la ciudadanía.

De acuerdo con datos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, durante el proceso electoral 2014-2015 se registraron ocho casos de violencia política contra mujeres e instituciones electorales.

Recordó que la violencia política ha estado presente en la lucha y el ejercicio de los derechos de las mujeres, y se remontó a 1923, cuando Elvia Carrillo Puerto, la primera diputada local en Yucatán renunció a su cargo dado que fue amenazada de muerte.

“Por ello, consideramos que nuestra propuesta es concordante con la Constitución federal, no sólo porque busca extender los derechos políticos establecidos en su Artículo 35, sino porque también extiende el derecho contenido en el Artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que ha sido firmada y ratificada por el Estado Mexicano y que por ende le resulta vinculante”, agregó.