Integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción aprobaron la opinión respecto al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, que entregarán a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, donde recomiendan asignar recursos suficientes para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción.

El presidente de esta instancia legislativa, Rogerio Castro Vázquez, explicó que la opinión contempla todas las propuestas y el análisis que se hizo al presupuesto asignado a la Auditoría Superior de la Federación, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, tomando en cuenta, en su estructura programática, las reformas realizadas en materia de transparencia y anticorrupción.

Además, informó que se consideró la propuesta del grupo parlamentario del PRI respecto al Programa para el Fortalecimiento de la Transparencia en Entidades Federativas.

También se incluyeron los planteamientos ciudadanos para proporcionar equipo tecnológico a tres ayuntamientos de Tabasco, y las propuestas de las diputadas María Candelaria Ochoa Avalos, de Movimiento Ciudadano; Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, y Lorena del Carmen Alfaro García, del PAN.

Castro Vázquez puntualizó que, como integrante de Morena, coincide en que es un exceso lo que se propone para la Secretaría Ejecutiva del SNA, “no sólo por los salarios sino por todo el aparato burocrático”.

Eso, dijo, nos preocupa en esta opinión, por eso estaremos en abstención, porque consideramos que no se ha analizado con profundidad.

En la reunión de trabajo, la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, planteó revisar el salario que se está asignando al Secretario Ejecutivo del SNA, que son 186 mil pesos en promedio. “A mí me gustaría que hoy discutiéramos esto, porque lo que se está proponiendo es casi el doble. Yo quisiera que se fijara igual lo que tenía el secretario anterior”.

La legisladora de Movimiento Ciudadano relató que, en el Artículo 75 de la Carta Magna, se precisa que la Cámara de Diputados, al aprobar el PEF, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo establecido en la ley, y en caso de que por cualquier circunstancia se omita se tomará la que se hubiera fijado en el presupuesto anterior.

Lorena del Carmen Alfaro García argumentó que, en términos generales, son necesarios los recursos en el ramo 1-ASF, 32-Tribunal Federal de Justicia Administrativa y 44-INAI, donde se hace un esfuerzo para asignar dinero orientado a la implementación del SNA.

Sin embargo, apuntó, se observa que la Secretaría de la Función Pública cuenta con mayor responsabilidad y el presupuesto de esta importante dependencia está a la baja, y “no hay una opinión de esta comisión al respecto”.

En el ramo 17, diversas organizaciones consultadas señalan que no se están asignando los recursos necesarios para la creación de la Fiscalía Especializada, como sí se contemplaron para otras instituciones que serán necesarias para la puesta en marcha del SNA, externó la diputada de Acción Nacional.

Por su parte, Claudia Edith Anaya Mota consideró vital apoyar esta propuesta y coincidió en que se deben analizar las percepciones salariales, pues el SNA intenta mantener todo en un equilibrio, principalmente los sueldos.

Además, planteó incluir en el Artículo 1 sobre el ejercicio, control y evaluación del gasto a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que no está considerada.

Este ordenamiento, en su Artículo 69, prevé que los sujetos obligados del Ejecutivo federal deberán poner a disposición del público y actualizar la información sobre el PEF.

Propuso que en el ejercicio del gasto, las administraciones de los recursos federales puedan ser suspendidas, previo aviso, a las entidades federativas y, en su caso, a municipios y demarcaciones de la Ciudad de México, cuando no aporten en los plazos previstos los recursos que le correspondan, en cuentas específicas.

Asimismo, se publicarán 15 días antes de la suspensión, las entidades y municipios que no se encuentren en este estado.

Con ello, dijo la legisladora del Revolucionario Institucional, “abonamos a la transparencia y damos certeza jurídica y financiera a las entidades y los municipios, a fin de que tengan mayor claridad de qué recursos le va a llegar y cuáles no, y la razón de la negativa”.

También propuso una aportación al Artículo 10, respecto a los recursos federales que se asignan al Fondo Metropolitano. Pidió que no puedan participar en los consejos para la ejecución de los proyectos de los fondos metropolitanos, quienes son propietarios, o sus parientes hasta el primer grado consanguíneo, de las empresas que brindan un servicio al Estado.

Por el PRD, el diputado Agustín Basave Benítez afirmó que “los sueldos son altos, no solamente porque estamos en tiempos difíciles económicamente y se necesita un esfuerzo de austeridad, sino porque si se va a crear nuevos burócratas perseguidores de la corrupción, les vamos a pagar demasiado bien”.

Rafael Hernández Soriano, expresó que se incluyeron propuestas no sólo del Legislativo, sino de especialistas y organizaciones. “Apoyaremos la propuesta, porque hay un desarrollo de la misma y respaldó a Ochoa Avalos, para revisar el tema de las percepciones salariales”.