Las personas en situación de calle no deben ser criminalizadas ni sujetas a una limpieza social, y esta problemática debe ser atendida de manera integral y coordinada entre las autoridades e instancias de derechos Humanos.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo, afirmó lo anterior ante el desalojo de población callejera que la delegación Cuauhtémoc hizo en la explanada de La Ciudadela en días pasados.

Gómez Gallardo expuso que en lo que va del año, tienen documentados 57 casos con diversas acciones en contra de personas en situación de calle, en los que presuntamente se violentaron los derechos humanos de este grupo vulnerable.

Indicó que es obligación de cualquier autoridad implementar el Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de las Poblaciones Callejeras, para evitar las violaciones a los derechos humanos.

La ombudsperson mencionó que en el desalojo de La Ciudadela no se dio aviso a la Comisión de Derechos Humanos local y la delegación actuó por su cuenta, por lo que pidió reconsiderar y conocer el protocolo para que sepan que es la mejor ruta para ordenar los espacios públicos.

Por este caso, dijo que la CDHDF está documentando una recomendación por posibles violaciones a los derechos humanos por parte de la delegación Cuauhtémoc, ya que se tuvo la queja con testimonios de los afectados y la sociedad civil que lo reportó.

Reiteró que se trata de un fenómeno multifactorial, que debe atenderse de manera integral y con la coordinación de autoridades, “tiene que haber concurrencia de autoridades, coordinación con las instancias para que se respeten los derechos humanos.”