La asambleísta del PRD Penélope Campos González solicitó al director del Metro, Jorge Gaviño Ambriz, informe sobre las medidas que se toman para combatir la extorsión que efectúan en sus instalaciones donde se utiliza a niños.

La presidenta de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez en la Asamblea Legislativa expuso que en ese sistema de transporte se están registrando casos de extorsión donde se utilizan niños de entre cinco y ocho años de edad para cometer este delito en contra de los pasajeros.

Refirió que hay testimonios y videos de esos hechos, en los que los niños piden en forma insistente una moneda a un usuario en la estación Pino Suárez, en el transbordo entre las líneas 1 y 2.

Tras la negativa, uno de los niños grita que le pegaron, luego aparecen supuestos testigos de la agresión y después sujetos que presumen defender a los menores o supuestos vigilantes que le dan la opción a la víctima de dar dinero a los niños y a los testigos para que no se proceda con la acusación formal ante el Ministerio Público.

Precisó que el Artículo 44 de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México establece que las autoridades y los órganos político-administrativos están obligados a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos que afecten a este sector de la población, como la corrupción de menores.

Por tanto, “es necesario que el titular del Metro presente un informe detallado de las acciones emprendidas para dar con los responsables de estos hechos y de la vigilancia dentro de las instalaciones” de este transporte, afirmó.

Ello, con el fin de garantizar la seguridad de los pasajeros y, sobre todo, de los niños que utilizan para cometer los actos ilícitos, dijo la diputada local del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Recordó que en ocasiones pasadas, la Asamblea Legislativa, a través de las comisiones de Derechos Humanos y de Atención al Desarrollo de la Niñez, ha solicitado al Metro se investigue a fondo la red de explotación laboral infantil que opera dentro de las instalaciones o en las salidas de ese medio de transporte.

“Es preciso que la gente denuncie estos actos, sabemos que existe el miedo a proporcionar sus datos en el momento de levantar una denuncia, pues de esta manera nos enteramos del problema y tomamos cartas en el asunto; esa es nuestra labor como funcionarios públicos y legisladores”, finalizó.