Diputados del Congreso estatal votaron a favor un paquete de reformas que permitieron expedir la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera.

Además modificaron la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para controlar la contratación de créditos de los entes públicos estatales y municipales, así como establecer controles al ejercicio del gasto.

El legislador Ismael del Toro Castro resaltó la importancia que tiene la nueva Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera, con puntos relevantes como que a partir de las reformas cualquier ente público que necesite contratar deuda deberá solicitar al Congreso que previo estudio del caso particular determine el monto máximo de su endeudamiento y las condiciones de su contratación.

Explicó que toda contratación de deuda del gobierno del estado y sus entidades o de los municipios deberá ser autorizada por el Congreso local, a menos que los saldos de la deuda del municipio no excedan seis por ciento de sus ingresos anuales y quede saldada tres meses antes del término de la administración.

Detalló que sólo se podrá contratar deuda cuando se destine a inversión pública productiva, como construcción, rehabilitación y/o reposición de bienes públicos, o su adquisición para equipar los que presten un servicio público con un fin específico.

Afirmó que todos los créditos de cualquier entidad pública deberán inscribirse en el Registro Público Único que administrará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y ésta tendrá la obligación de evaluar a los entes públicos registrados de acuerdo a su nivel (capacidad) de endeudamiento.

Explicó que los puntos relevantes a la Ley del Presupuesto, Contabilidad y gasto Público son: "si los ingresos reales son menores a los estimados el estado deberá recortar gastos de comunicación social; gasto corriente; y gasto en servicios personales".

"Además se establece un límite presupuestario a la asignación global de recursos para servicios personales, máximo tres por ciento de incremento respecto del año anterior; y se blindan los fondos de pensiones para que no puedan ser utilizados como fuente de financiamiento de los entes públicos".

Apuntó que también se aprobaron reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo en las que se otorgan facultades a la Comisión de Hacienda y al Órgano Técnico para estudiar, analizar y proponer los techos máximos de endeudamiento de los entes públicos.

Además que la Auditoría Superior del estado pueda fiscalizar el ejercicio y destino de los recursos provenientes de endeudamiento.