La Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo emitió una medida precautoria-cautelar para que se respeten los derechos humanos de los operadores del sistema Uber que son verificados por autoridades estatales y municipales.

El ombusdman estatal, Harley Sosa Guillén, informó que las medidas se emitieron para la Secretaría de Infraestructura y Transporte de Quintana Roo y el Ayuntamiento de Benito Juárez.

La determinación, indicó, fue tomada tras la documentación de quejas y denuncias sobre presuntos agravios a los derechos humanos de personas que ofrecen servicios de transporte de pasajeros en Cancún.

Puntualizó que de manera particular este fin de semana se abrió una queja de oficio que quedó asentada bajo el expediente VG/BJ/367/10/2016.

Ello, detalló, luego del conocimiento de un video en el que se denuncian presuntas amenazas e intimidación a un operador de la empresa denominada Uber en uno de estos operativos.

Indicó que en la información preliminar de la queja se advierte que inspectores de la Secretaría de Infraestructura, en conjunto con agentes de la Policía de Seguridad Pública municipal de Benito Juárez, realizan operativos de verificación de documentos que son legales y en los que se detienen vehículos y choferes que ofrecen servicio de transporte de pasajeros.

Señaló que la anomalía que se investiga consiste en daños ocasionados a unidades de trabajo, y en algunos casos incluso amenazas con armas de fuego o agresiones físicas, causándoles lesiones de consideración.

Además se denuncia que en el momento de realizar las verificaciones llegan personas para agredir físicamente a los operadores, que han sido presenciados por las autoridades que no hacen nada por evitarlas.

Sosa Guillén reconoció que si bien la Secretaría estatal tiene como facultades la verificación de la legalidad del transporte público en la entidad y que la comisión no se opone, las autoridades están obligadas a realizarse en el marco del respeto de los derechos humanos, cuidando en todo momento la integridad de las personas.

Por tal motivo, añadió, solicitó a las dependencias, estatal y municipal a que informen sobre esos hechos.

No obstante que se dio un plazo de cinco días para rendir el informe, la Comisión de Derechos Humanos emitió la medida precautoria que debe responderse en máximo tres días a partir de su notificación.

Lo anterior para que, en tanto se investiga, se tomen todas las medidas necesarias a efecto de que las y los inspectores de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) y los agentes de la Policía Municipal eviten agredir, amenazar, intimidar o realizar acciones fuera del marco legal en contra de las personas que son objetos de la verificación.

En entrevista, comentó que como parte de la medida además se indica a los funcionarios públicos que tienen la obligación de proteger y garantizar los derechos humanos, así como la integridad física de dichas personas.

Asimismo se pidió al municipio Benito Juárez indicar a los agentes de la Policía de Seguridad Pública que deberán evitar que las personas que ofrezcan servicio de transporte de pasajeros sean víctimas de agresiones físicas o daños a sus vehículos por parte de personas civiles.

Asimismo deberán actuar sancionando al momento tales actos, además de hacer de su conocimiento a dichos agentes que la omisión del cumplimiento de su deber conlleva de igual forma a una responsabilidad legal.