El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Constancio Carrasco Daza, señaló que ante la excesiva litigiosidad, se impone trazar nuevas rutas para hacer más efectiva la democracia, como la tutela judicial efectiva.

Al rendir su último informe de labores al frente de la Sala Superior del TEPJF, en sesión conjunta de los plenos de éste, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal, citó los medios alternativos de solución de conflictos en la materia.

Destacó el número de procesos electorales, la complejidad que representa su calendarización, la gama de atribuciones asignadas, el incremento de asuntos en el seno de los partidos políticos y el reconocimiento de nuevos cauces de participación han elevado de manera ostensible las demandas de justicia en la materia.

El presidente del máximo tribunal electoral señaló que métodos como el arbitraje, conciliación, procedimientos abreviados y la mediación representan alternativas para mitigar controversias y han mostrado su eficacia en distintos órdenes.

Con la presencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, los representantes de los partidos políticos y de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, Carrasco Daza propuso dar potestad a los tribunales para desplegar opiniones consultivas.

Expuso que esto puede servir como un elemento moderador de la excesiva demanda de justicia electoral en México y, en ese sentido, puso como ejemplo el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Explicó que este organismo regional ha enseñado que la implementación de modelos de opinión consultiva cumple una función de esclarecimiento de normas y reglas del juego, aunado a que puede inhibir el desmesurado ejercicio de la acción judicial.

“La posibilidad de establecer tal atribución y asignarla al tribunal constituiría una medida funcional que, en la práctica, se traduciría en un instrumento dirigido a reducir los márgenes de justicia lidiad y a la vez, atemperad la tensión política que usualmente generan las controversias electorales”, detalló.

Los medios alternativos de solución de conflictos son herramientas que han sido exploradas en el sistema penal acusatorio, dijo, a partir de reconocer que el exceso y la dilación de los procedimientos penales generaban un colapso en la eficacia de la tutela judicial efectiva.

“Por ello, es preciso exportarla, en su proporción y mediante condiciones específicas al ámbito electoral”, remarcó Carrasco Daza.

Planteó que la normatividad ha impuesto un deber a los partidos de prever supuestos para la aplicación de medios alternativos de solución de controversias.

“Es indispensable lograr que ese mandato legal se torne en una práctica real, homogénea y permanente, que permita asegurar el consenso, asegure legitimidad y armonía en la pluralidad”, subrayó.

Para ello, dijo, es menester que la conciliación cumpla los principios de ser expedita sujeción voluntaria y equidad, lo que significa que los acuerdos se realicen mediante procedimientos breves y alternativos, así como haya consenso sin jerarquías ni imposiciones.

“De esta forma, la elección de dirigencias, postulación de candidatos, cumplimento de requisitos estatutarios y otras decisiones fundamentales deben pasar por el tamiz de la conciliación, como condición para la procedencia del escrutinio judicial”, explicó.

Carrasco Daza hizo un reconocimiento a los magistrados que al igual que él concluirán en los próximos días su labor en la Sala Superior, así como a los nuevos integrantes.

En su informe detalló que del periodo del 16 de octubre de 2015 al 15 de octubre de 2016, la tutela jurisdiccional implicó 13 procesos electorales locales ordinarios, ocho extraordinarios y el de la conformación de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

En este periodo, precisó, se eligieron 12 gubernaturas, 239 diputaciones de mayoría relativa y 149 de representación proporcional, 965 integrantes de ayuntamientos y 392 presidencias de comunidad, así como 60 miembros de la Asamblea Constituyente.

En total, finalizó, mil 817 cargos de elección popular, lo que implicó la resolución de seis mil 882 asuntos, de los cuales 85 por ciento se resolvieron en un máximo de 30 días.