La magistrada presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, Yasmín Esquivel, solicitó 865 millones de pesos, de los cuales 320 millones serían para la primera fase de construcción de su nueva sede.

Otros 76 millones de pesos serían para poner en marcha el sistema anticorrupción en la capital del país, con lo que se cumplirían los mandatos constitucionales a los que está obligada la Ciudad de México por las reformas realizadas a nivel federal en 2015.

Indicó que para gasto corriente solo pedirán 458 millones de presupuesto, que representan apenas cuatro por ciento más de lo que percibieron este año.

Recordó que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) tiene hasta enero de 2017 para aprobar el sistema anticorrupción para la Ciudad de México, que obliga a crear salas especializadas para atender todos los asuntos que mande la Contraloría General local por faltas administrativas graves.

Luego de comparecer ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la funcionaria dijo que si la Asamblea Legislativa no otorga los recursos suficientes para el sistema anticorrupción, no será viable su aplicación.

Esquivel Mossa refirió que las reformas avaladas por el Congreso de la Unión en 2015 prevén una serie de acciones que debe asumir cada entidad federativa, como la creación de salas especializadas, y de no concretarse, incurrirían en faltas legales y administrativas.

La magistrada presidenta también justificó la construcción de una nueva sede para el tribunal, porque actualmente se pagan tres millones de pesos en rentas y se requerirán más salas especializadas.

Informó que cada año atienden aproximadamente 17 mil asuntos que tienen que ver con acciones de corrupción de servidores públicos; de ellas, casi cinco mil tienen que ver con inconformidades presentadas contra las multas de tránsito, lo que representa 25 por ciento.