El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, Santiago Creel Miranda, llamó a todas las fracciones a conciliar intereses para tener en tiempo y forma los dictámenes para la elaboración de la Constitución de la capital de la República.

En un comunicado, indicó que en la sesión del miércoles pasado se observaron signos de división tras la negativa de perredistas y de Morena a solicitar al jefe de Gobierno un estudio del impacto presupuestal que determine el costo y las vías de financiamiento para la aplicación de algunos derechos plasmados en el proyecto.

En esa sesión, precisó Creel Miranda, la votación se dividió a la mitad, lo que habla de las dificultades que se tienen para generar los frentes de trabajo que permitan llegar a un campo común de acción y de pensamiento entre todos los constituyentes.

A su vez, el diputado constituyente Ernesto Cordero Arroyo insistió en que hay criterios económicos que deberán cuidarse en la redacción de dictámenes para la nueva Constitución, como el balance presupuestal y el manejo prudente de las finanzas públicas.

La recaudación en la Ciudad de México tiene que ser transparente y en los egresos, “es la gran oportunidad de terminar con el clientelismo y con el derroche de dinero que implican políticas clientelares, que no tienen nada qué ver con mejorar el bienestar de las familias en la ciudad”.

El gasto en la Ciudad de México tendrá que asignarse solo a los programas que tengan un diseño coherente con los objetivos que se persiguen; con reglas claras de operación, con mecanismos de evaluación bien diseñados y cuyas evaluaciones arrojen resultados positivos.

También habrá que trabajar de manera muy constructiva para restablecer lineamientos de Coordinación Fiscal que no están presentes en el Proyecto de Constitución que se analiza.

Ese pacto entre el gobierno central de la ciudad y las alcaldías, tiene que ser transparente, oportuno y no dar espacio a la discrecionalidad.

Estas reglas de asignación tienen que estar claramente establecidas en el marco legal y deben responder no sólo a las necesidades socioeconómicas de cada demarcación, sino también a la capacidad tributaria de cada una de estas demarcaciones, agregó.