Actualmente más de ocho mil indígenas están privados de su libertad tras enfrentar procesos irregulares y violaciones a sus derechos humanos, sin un proceso adecuado de acceso a la justicia, al carecer de intérpretes suficientes y defensores, aunado a que el documento de su declaración inicial no está escrito en su lengua original”, afirmó el diputado Germán Ralis Cumplido.

Expuso que de acuerdo con datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), la mayoría de los indígenas presos provienen de comunidades de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz, Guerrero, Ciudad de México, Yucatán, Chihuahua, Hidalgo, San Luis Potosí y el Estado de México.

El legislador detalló que impulsa una iniciativa para que los escritos de declaración preparatoria y cualquier otro documento que requiera rúbrica durante su proceso, se realicen en la lengua que hable el imputado.

Apuntó que la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, señala en su Artículo 113 que en caso de incumplir con lo establecido en el párrafo anterior, los documentos carecerán de validez.

De acuerdo con el legislador, en los reclusorios existen indígenas purgando condenas excesivas por delitos menores, por firmar sin saber qué decía el documento de su declaración inicial y carecer de una defensa adecuada.

A pesar de que México cuenta con diversas normas en materia de derechos indígenas, en la procuración de justicia falta mucho por hacer.

“De nada sirve que existan leyes que reconozcan los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas, cuando en la práctica sabemos que es un tema pendiente”, aseguró.

En la República Mexicana se hablan 68 lenguas indígenas que tienen 364 variantes lingüísticas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, pero “ser indígena muchas veces es sinónimo de discriminación, vejaciones, impunidad y criminalización”, subrayó.

“A pesar de que la Constitución en su Artículo 17, establece el derecho de toda persona a la administración e impartición de justicia por medio de tribunales, en la práctica las deficiencias son enormes para la población en general y aumentan aún más para los indígenas”, expuso.

Todo lo anterior, explicó el representante de Movimiento Ciudadano, debido a que son víctimas de discriminación, abuso, vejaciones, falta de intérpretes y defensores.

Además procedimientos lentos, juicios llenos de irregularidades, sentencias severas en proporción al delito e ignorancia por parte de los prestadores de servicio respecto a los usos y costumbres de la comunidad.

Ello, aunado a que los encargados de impartir justicia carecen de una preparación adecuada y falta de sensibilidad que garantice a los indígenas un proceso justo, abundó Ralis Cumplido.

Esta situación, agregó, genera que muchos se encuentren privados de su libertad, criminalizados desde el momento de su detención.

Tal es el caso de Pedro Gatica, quien estuvo 11 años en prisión preventiva y los hermanos Sebastián y Marcial Zúñiga, quienes al igual que su padre permanecieron 10 años presos acusados de un delito que no cometieron, puntualizó.