El juicio de amparo se originó como una exigencia de la sociedad para limitar el poder público, a través de un medio de control constitucional, señaló el consejero de la Judicatura Federal, José Guadalupe Tafoya.

Al participar en el ciclo de conferencias "La Justicia Constitucional en México: Visión crítica de su evolución y desafíos actuales", que se lleva a cabo en el marco del 25 aniversario de la instalación del Vigésimo Segundo Circuito, en Querétaro, Tafoya Hernández hizo un recuento histórico de las reformas constitucionales en el país.

En ese sentido, recordó que dicha medida de defensa se enriqueció y fortaleció con trascendentes modificaciones que no alteraron su esencia, sino hasta la reforma del 6 de junio de 2011, que dio origen a la nueva Ley de Amparo.

Explicó que la Constitución de 1857 recogía el principio de relatividad de la sentencia y subrayó que la gran aportación de la de 1917 es que mantiene el ideal social de contar con una herramienta efectiva en el control de la legalidad.

"Desde el constituyente de 1916-1917 hasta nuestros días, el amparo ha ido avanzando con las circunstancias políticas, sociales y económicas", detalló.

El también presidente de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) indicó que el juicio de amparo es la vía jurídica para que se puedan impugnar actos concretos y omisiones de la autoridad.

Ello, añadió, cuando dichos actos y omisiones vulneren derechos humanos y garantías individuales reconocidas por la Constitución y los tratados internacionales suscritos por México.

Refirió que el sistema jurídico no puede ser estático y que normas e instituciones deben adaptarse a los cambios históricos, sociopolíticos, nacionales y globales.