Sector privado pide implementación eficaz de sistema anticorrupción

El sector privado del país afirmó que la promulgación de las reformas secundarias para crear el Sistema Nacional Anticorrupción es apenas el banderazo de salida para combatir la corrupción y la...

El sector privado del país afirmó que la promulgación de las reformas secundarias para crear el Sistema Nacional Anticorrupción es apenas el banderazo de salida para combatir la corrupción y la impunidad, por lo que el gran reto de la implementación es una adecuada articulación y coordinación de los participantes.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, dijo que el andamiaje institucional creado es robusto con las nuevas disposiciones, como las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción y de Responsabilidades Administrativas.

Asimismo, anotó, de la aplicación y adecuación de algunas leyes orgánicas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de la Procuraduría General de la República para crear la Fiscalía Anticorrupción, de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y al Código Penal Federal.

Reiteró, sin embargo, que el desafío más importante de la implementación es su adecuada articulación y coordinación, la selección de los funcionarios y de los integrantes del comité ciudadano, y asegurar que aspectos fundamentales para el éxito del sistema se precisen y aseguren por los órganos de decisión.

Señaló que para este proceso, el sector privado aprecia que existen prioridades críticas como el apuntalamiento de una autonomía real de gestión de la Fiscalía Anticorrupción y que junto con los otros mecanismos de fiscalización, auditoría y control administrativo, cuente con facultades efectivas y recursos para su funcionamiento.

También observó la importancia del sistema “3 de 3” de declaraciones de interés, patrimonio y situación fiscal, pues se requiere de la mayor transparencia y publicidad posible, sin vulnerar la protección de los datos personales garantizada en la Constitución, para que pueda haber una verdadera fiscalización desde el Estado y por parte de la sociedad.

Expone que dada la adaptación que debe hacerse a las legislaciones locales, se requiere dar seguimiento por parte de los poderes de la Federación, los órganos implementadores y de coordinación a nivel federal y desde la sociedad civil local y nacional.

Para Juan Pablo Castañón, fue oportuna la decisión del gobierno federal de interponer acciones de inconstitucionalidad contra medidas improvisadas con las que se pretendieron hacer cambios en leyes estatales para favorecer la impunidad de administraciones salientes, así como nombramientos para periodos sexenales de autoridades fiscalizadoras o de auditoría de dudosa legitimidad.

“Es momento de activar una instancia de seguimiento que vigile que efectivamente exista homologación, en todas las entidades, del marco legal e institucional indispensable para que funcione el Sistema Nacional Anticorrupción”, planteó.

Subrayó la importancia de coadyuvar y de intervenir, desde la Federación y la ciudadanía, a escalas estatal y nacional, para que las transiciones de gobierno en los estados sean ordenadas, que impere el Estado de derecho y se dejen condiciones de gobernabilidad.

“Hay material de sobra para seguir investigaciones serias y a fondo, y en su caso, proceder con las correspondientes sanciones administrativas o penales. Es necesario que se dejen cuentas claras de todos los gobiernos que salen y que los reciban satisfactoriamente y con compromiso los gobiernos que entran”, puntualizó.