El dictamen de la ley de marchas es un riesgo para el Estado democrático: CDHDF

  • Constituye un riesgo para la consolidación del Estado democrático de derecho.
  • Preocupa que lo aprobado pretende "regular" el derechos a la libertad de expresión y al de petición.
  • Contiene expresiones genéricas y ambiguas para restringir derechos.
Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
NOTIMEX

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) consideró que el dictamen de la Ley de Manifestaciones Públicas, aprobado en comisiones de la Cámara de Diputados, "constituye un riesgo para la consolidación del Estado democrático de derecho".
 
Deja abierto el margen de discrecionalidad de la propia autoridad En un comunicado, el organismo defensor manifestó su preocupación, al considerar que lo aprobado por los legisladores no sólo pretende "regular" el ejercicio a la libre manifestación, sino otros derechos como la libertad de expresión y de petición.
 
El dictamen contiene "expresiones genéricas y ambiguas para restringir derechos de las personas que se manifiestan públicamente, y deja abierto el margen de discrecionalidad de la propia autoridad, retomando conceptos prohibicionistas que no se ajustan a nuestra realidad social", expuso.
 
Busca además, señaló, regular los "contenidos" de las manifestaciones sociales, al "establecer imperativos para regular las expresiones y contenidos que se podrán expresar" durante las movilizaciones.

Una legislación de censura

La CDHDF advirtió que la parte "más delicada" de la propuesta, "se trata de una acción legislativa de censura previa. Meterse en contenidos es censura previa y está prohibido en todos los estándares internacionales, no sólo en nuestro derecho interno".
 
Existe la tendencia a limitar y restringir derechos En el dictamen existe la tendencia a limitar y restringir derechos en lugar de armonizar los mismos, así como sanciones administrativas que podrán imponerse luego que cualquier persona denuncie "los supuestos que se contienen en la norma", expuso.
 
Esto, añadió, "regresaría a la sociedad a aquella de las buenas conciencias, donde cualquiera que se sienta inconforme por las manifestaciones, podrá invocar la sanción administrativa, lo que es desproporcionado y subjetivo".
 
Referente a la expresión "buenas costumbres", recordó que esta data de 1917 en la "anacrónica" Ley de Imprenta.
 
"Las buenas costumbres son completamente subjetivas, hay que tener mucho cuidado porque esas expresiones dejan mucha discrecionalidad, lo menos que puede tener una autoridad en materia de derechos es discreción y aquí se está abriendo una muy grande", puntualizó.

Faculta a las autoridades a utilizar la fuerza  

Consideró que el artículo sexto de la ley, impone limitaciones a la libertad de pensamiento y expresión, y contraviene la Constitución e instrumentos internacionales donde se puntualiza que "toda expresión tendrá responsabilidad posterior, no previa".
 
Violenta los derechos adquiridos Asimismo, recordó que "la iniciativa faculta a las autoridades a utilizar la fuerza y disolver una manifestación cuando algunas personas actúen de manera violenta".
 
Esto, indicó, vulnera la exigencia de proporcionalidad de las medidas tomadas por la autoridad, ya que una minoría que comete actos delictivos podría obligar a una disolución de una gran movilización, lo que violenta los derechos adquiridos en nuestra capital".
 
En este sentido, la comisión indicó que continuará atenta al proceso legislativo y que en su momento presentará ante el Senado de la República las valoraciones y consideraciones de derecho internacional y de derechos humanos.
 
Mencionó que analiza los alcances de dicho dictamen en razón de la competencia del Congreso de la Unión para legislar en esta materia, donde el espacio y materia corresponde a las autoridades capitalinas y sus habitantes.