La Cámara de Diputados avala la Ley de Consulta Popular

  • Permitirá que los ciudadanos voten sobre asuntos de trascendencia nacional.
  • Su resultado será vinculante.
  • El IFE se encargará de la difusión de estos actos.
<p>Consulta ciudadana sobre las reformas fiscal y energética organizada por el PRD en la Ciudad de México.</p>
Consulta ciudadana sobre las reformas fiscal y energética organizada por el PRD en la Ciudad de México.
NOTIMEX

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones en lo general y artículos no reservados, el dictamen que expide la Ley Federal de Consulta Popular. Fue avalada por 431 votos a favor, 36 en contra y una abstención, y garantiza que los ciudadanos ejerzan su derecho de opinión, mediante el voto emitido, respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional y el resultado será vinculatorio.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación revisará la constitucionalidad de la preguntaLa tramitación de esta ley fue uno de los acuerdos que sacó adelante el PRD en la negociación en el Senado para la aprobación de la reforma energética.

Esta minuta que se remite al Senado de la República para su revisión, destaca en que el resultado de la consulta es vinculante para los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como para las autoridades competentes, cuando la participación total corresponda, al menos, al 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

Además que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará la constitucionalidad de la pregunta que se aplicará y sobre el tema que se va a consultar a la ciudadanía, y se prohíbe la difusión de programas de gobierno para evitar infundir en la decisión de las personas que participen, y la difusión estará a cargo del Instituto Federal Electoral (IFE).

El presidente en turno de la Mesa Directiva, Jesús González Morfín, instruyó para que se leyera la propuesta de modificaciones al dictamen por parte de la Comisión de Gobernación, que fue la encargada de hacer el dictamen que se discutió y fue aprobado con las modificaciones propuestas.

Datos de los ciudadanos

Entre los cambios se añadió que se tendrá un anexo que contenga los nombres completos de los ciudadanos y su firma, además de la clave de elector y el número identificador al reverso de la credencial.

Solo los promotores de la consulta podrán contar con espacio en los medios para la difusiónEn el artículo 33 en la fracción segunda se aprobó que diga: "no se acompañe la clave de elector ni el número identificador al reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento optimo de caracteres OCR de la credencial para votar con fotografía vigente".

También se avaló que en el artículo 41 se diga que el Instituto Federal de Elector (IFE) promoverá la difusión y discusión informada de las consultas populares que hayan sido convocadas por el Congreso de la Unión y garantizará el acceso a la radio y televisión a quienes hubieran presentado la petición a través de los tiempos oficiales que le corresponde administrar para sus propios fines.

Se agrega en esta parte que lo anterior cuando a juicio del Instituto el tiempo total en radio y televisión a que se refiere el párrafo anterior fuese insuficiente determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante.

Ninguna otra persona, sea física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre la consulta popular.

Solo asuntos de trascendencia

Serán objeto de consulta popular los actos de carácter legislativo del Congreso de la Unión, así como los administrativos del Ejecutivo federal, siempre que sean de trascendencia nacional.

Los temas deberán tener esta condición y serán calificados por la mayoría de los legisladores presentes en cada cámara, con excepción de la consulta propuesta por los ciudadanos, en cuyo caso lo resolverá la SCJN.

Se entiende por trascendencia nacional cuando el tema repercuta en la mayor parte del territorio nacional; impacte en una parte significativa de la población; proponga la creación, modificación o eliminación de políticas públicas que repercutan en la mayor parte del país o afecten a una parte significativa de los ciudadanos, menciona.

El dictamen establece que no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución, así como los principios consagrados en el artículo 40 de la Carta Magna; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de las fuerzas armadas.