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La XXX Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se desarrollará el próximo jueves y viernes en Mazatlán, Sinaloa, la cual será inaugurada por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y el gobernador Mario López Valdés.

De acuerdo con información de los organizadores, la clausura del evento será encabezada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

Indicó que la conferencia tiene como objetivo ser un foro generador de acciones innovadoras y mejores prácticas en procuración de justicia, así como impulsar, promover, establecer y difundir programas dirigidos a prevenir, investigar y combatir el fenómeno delictivo.

Entre los temas de la agenda se encuentran los avances y perspectivas de la implementación del sistema acusatorio, tanto de la federación como de los estados; el Código Nacional de procedimientos Penales y el Plan Integral de Capacitación en la materia.

Uno de los temas relevantes es el de la intervención del Ministerio Público en la defensa de los derechos humanos de las víctimas del delito, ponencia que estará a cargo del procurador General de Justicia de Sinaloa, Marco Antonio Higuera Gómez.

También se abordará lo relativo al Sistema Nacional de Seguridad Pública y las evaluaciones de control de confianza, así como los avances que registra el programa nacional de búsqueda de personas.

En las sesiones de trabajo se tiene previsto abordar el tema de la coordinación entre la Agencia de Investigación Criminal y las instancias de procuración de justicia, revisar los instrumentos de coordinación entre los que destaca el Convenio de Coordinación para Capacitación en Derechos Humanos y el Acuerdo para el Acceso a la Base de Datos de la Dirección General de Autotransporte Federal.

Entre los objetivos que se buscan a través de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia destacan el formular políticas generales en la materia, así como dar seguimiento y evaluar las acciones para promover la coordinación entre las instituciones y las diferentes coordinaciones policiales.

También se pretende fortalecer la actuación de las procuradurías en materia de Derechos Humanos y avanzar en la depuración del sistema único de intercambio de información, a partir del diagnóstico compartido entre la secretaría de Gobernación (Segob) y la Procuraduría General de la República (PGR).