Aprueban con cambios Ley de Vertimientos en Zonas Marinas Mexicanas

La Ley de Vertimientos en Zonas Marinas Mexicanas fue aprobada por unanimidad para regular y asegurar que los que se realizan en aguas marinas estén bajo control y evitar que sean nocivos para la vida humana, así como de la flora y fauna en el mar.

Los diputados federales avalaron con 404 votos a favor, por unanimidad, con cambios al dictamen de esta ley que surgió de una iniciativa del gobierno federal que envió al Senado de la República, y que al modificarla en San Lázaro se devuelve a su Cámara de origen.

En esta nueva legislación se considera que el vertimiento en las zonas marinas en el país debe estar prohibido, salvo en los casos y condiciones establecidas y su autorización debe realizarse por la autoridad competente.

Señala que los criterios que deberán observarse para el vertimiento de desechos, materiales o sustancias, se establecerán de acuerdo con lo indicado en el Protocolo de 1996, relativo al Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias, adoptado en Londres en 1972.

En el texto se precisa que por deshecho se entenderá cualquier material o producto que se encuentre en estado sólido o semisólido, en líquido o gas contenido en recipientes o depósitos.

Indica que es vertimiento en las zonas marinas mexicanas toda evacuación, eliminación, introducción o liberación en las zonas marinas mexicanas, deliberada o accidental de desechos u otras materias, incluyendo aguas de lastre alóctonas, provenientes de buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones.

Se establece que será la Secretaría de Marina la autoridad en materia de vertimientos y tendrá la facultad de otorgar y cancelar los permisos en la materia.

También para vigilar su cumplimiento y suspender cualquier vertimiento deliberado de desechos u otras materias que contravengan las disposiciones, agregó.

Se indica que se realizarán visitas de inspección y vigilancia e investigaciones oceanográficas, actuaciones, emitir dictámenes y resoluciones y fijar las medidas preventivas para evitar el vertimiento de desechos u otras materias que ocasionen daños o alteraciones al ambiente costero o marino.

Sobre la evaluación a considerarse en los vertimientos, la ley señala que la Secretaría evaluará el origen, las circunstancias y efectos del vertimiento considerando la justificación que presente el interesado.

Entre las consideraciones se da a conocer que debe especificarse el tipo, naturaleza y cantidad de los desechos o materias que pretendan verterse y el peligro que puede representar el vertimiento para la salud humana o el medio ambiente.

Asimismo las alternativas en tierra y sus impactos ambientales probables, lugares y métodos para llevarlos a cabo, tomando en cuenta el interés público y la posibilidad de un impacto adverso en las zonas marinas mexicanas.

Se precisa que no se otorgará el permiso de vertimiento, cuando la Secretaría advierta que existen posibilidades adecuadas de realizar un manejo integral de los residuos que no impliquen riesgos para la salud humana o daños al ambiente, mayores a los que implicaría el vertimiento solicitado o costos desmesurados.

Sobre las visitas de inspección y vigilancia, establece que personal acreditado de la Secretaría las llevará a cabo y estará acreditado para formular una denuncia ante el Ministerio Público en caso de encontrar alguna anomalía.

El personal acreditado tendrá la facultad para inspeccionar cualquier obra, lugar, buque, estructura, plataforma, artefacto naval, almacén o aeronave, en que se presenten elementos o indicios que presuman la existencia de algún desecho u otras materias que vayan a ser vertidos.

También, señaló, examinar y en su caso tomar muestras de los desechos u otras materias encontradas y requerir la documentación de embarque del material encontrado a bordo de alguna embarcación.

Entre lo que se aprobó fue que para imponer una sanción, la Secretaría deberá notificar previamente al presunto infractor del inicio del procedimiento, mediante oficio en el que se especificarán los hechos y las disposiciones legales que se consideran violadas.

También, en su caso, las disposiciones que el permisionario debe cumplir para subsanar los daños ocasionados al ecosistema marino.