Diputados buscan ampliar tratados comerciales con Japón

La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados exhortó a la Secretaría de Economía a fortalecer los acuerdos comerciales entre México y Japón para impulsar el flujo económico bilateral.

El documento subraya que Japón es el primer inversionista asiático en este país y que entre 2005 y febrero de 2012 empresas con capital japonés invirtieron 12 mil 65 millones de dólares.

También es el cuarto socio comercial de México, después de Estados Unidos, China y Canadá. Además, es la principal fuente de inversión oriental y el primer mercado para las exportaciones mexicanas en Asia.

El dictamen indica que México y Japón firmaron el Acuerdo de Asociación Económica que entró en vigor en 2005 con el objetivo de llevar a cabo negociaciones tendientes a un mayor acceso a mercados para productos agrícolas e industriales de interés de ambos países y facilitar las oportunidades de negocios entre ellos.

Subraya que el convenio permite a las empresas japonesas establecidas en México competir en igualdad de condiciones con el resto de las empresas que operan en el país. Asimismo, les permite tener acceso preferencial para exportar insumos para la industria mexicana.

Con ese compromiso se ha promovido el desarrollo de nuevas oportunidades de negocios e inversión en sectores que no figuraban en el ámbito empresarial, entre las que encuentran las energías renovables, así como en proyectos de ahorro y eficiencia energética, infraestructura, aeroespacial, de servicios de tecnologías de la información, turismo y proyectos ambientales.

La Comisión de Economía también aprobó un dictamen que reforma el Artículo 191 de la Ley de la Propiedad Industrial, a fin de dar claridad y exactitud al texto en cuanto a la solicitud de declaración administrativa.

El texto menciona que la redacción actual del segundo párrafo de dicho artículo presenta dificultades de claridad en su aplicación, haciéndola confusa y poco entendible, lo que ha generado problema de interpretaciones equivocadas.

La reforma propone eliminar la libertad de criterios contradictorios en la aplicación de la ley que puede tener el órgano administrativo y tiene como finalidad crear certidumbre jurídica en el gobernado.