Mantiene SCJN vigencia de las protecciones especiales para ejidos

Una mayoría de seis de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió mantener las más amplias protecciones procesales especiales en favor de los núcleos de población ejidales y comunales, al considerar que la situación de vulnerabilidad en que se encuentran no ha cambiado.

Bajo esta premisa, se desechó el proyecto elaborado por la ministra Margarita Luna Ramos en el juicio de amparo en revisión 466/2011 que declaraba extemporáneo el amparo promovido por el ejido Lázaro Cárdenas ubicado en Zapopan, Jalisco y beneficiaba al grupo industrial Bimbo respecto a una superficie de 44 mil metros cuadrados en disputa.

El asunto proviene de varios años atrás respecto a estos terrenos de propiedad ejidal donde se instalaron empresas como Cemex y Bimbo.

A lo largo de varios años la disputa sobre la propiedad se ha desahogado en las instancias jurisdiccionales, y finalmente la empresa Bimbo obtuvo una resolución favorable por parte del Tribunal Unitario Agrario de Distrito, con residencia en Guadalajara. Pero, debido a las protecciones procesales especiales que la ley le da a los núcleos comunales y ejidales, la sentencia no pudo ejecutarse.

Cuando el asunto llegó finalmente a la Suprema Corte de Justicia, correspondió a la ministra Margarita Luna Ramos elaborar el proyecto de resolución donde declaraba fundados los argumentos de la empresa que se quejaba de la inconstitucionalidad del artículo 217 de la Ley de Amparo.

Y es que, precisamente, esa norma aplicable al caso en cuestión, es la que dejaba abierto el plazo para que los núcleos agrarios interpusieran en cualquier momento el recurso extraordinario de amparo en contra de una resolución definitiva.

En su proyecto, la ministra Luna Ramos le daba la razón a la empresa panificadora al considerar que el plazo abierto impedía la ejecución de las sentencias y violaba, en consecuencia, la garantía de certeza y seguridad jurídica.

Argumentaba que las reformas en materia agraria promovidas en 1992 por el expresidente Carlos Salinas significaron un cambio de paradigma que ya no justifica las protecciones procesales especiales para los grupos agrarios, ya que ahora tienen la opción de recurrir a los tribunales con todas las garantías del debido proceso.

Cuatro ministros estuvieron de acuerdo con sus resolutivos, aunque, en lugar de decretar la inconstitucionalidad de la norma, se pronunciaron por una interpretación conforme que a fin de cuentas validaba el alegato de que ese artículo genera inseguridad jurídica.

Pero, una mayoría de seis votos integrada por los ministros Alfredo Ortiz Mena, José Ramón Cossío, Fernando Franco González, Jorge Pardo Rebolledo, Arturo Zaldívar y el ministro presidente Juan Silva Meza lograron derrotar la postura original.

En diferentes momentos de la discusión, los ministros que finalmente se impusieron hicieron notar que a pesar de la reforma de 1992, la Constitución y las leyes mantienen la protección original para los núcleos de poblaciones ejidales y comunales, ya que no se ha logrado la imposición de un modelo único de desarrollo económico ni un cambio ideológico definitivo.

Además los ministros Silva Meza y Arturo Zaldívar hicieron notar que el amparo es un recurso extraordinario que no impide la ejecución de la sentencias cuando estas han causado estragos y ya no existen medios ordinarios de impugnación.

En el caso concreto, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena dijo que de haber prosperado el proyecto de la ministra Luna Ramos se hubiera tenido que declarar extemporáneo el amparo del núcleo ejidal, en contra de la ley que dice expresamente que no hay plazo límite para su presentación.

Como el proyecto original fue rechazado, el asunto se re turnó a un ministro de la mayoría, quien deberá presentar un nuevo proyecto para su debate y votación.