Rigen desde hoy multas para funcionarios corruptos en Perú

El gobierno peruano hizo oficial hoy la Ley número 30111 que incorpora multas para los delitos cometidos por funcionarios públicos, como concusión, colusión, peculado doloso o culposo, malversación y cohecho pasivo.

El Estado comenzará, desde este día, a cobrar a quienes incurran en esos delitos y los infractores, aparte, deberán cumplir una pena en la cárcel, indicó el Ejecutivo mediante una resolución oficial que divulgó este martes.

De esa forma, el gobierno del presidente Ollanta Humala busca frenar la enorme sangría que ocasiona la corrupción al Estado peruano y que según cifras de la Contraloría General de la República genera pérdidas anuales superiores a los dos mil 500 millones de dólares.

Para quienes cometan el delito de concusión (cobro de dinero a nombre del Estado para beneficio propio), sufrirán una reprimenda de cárcel de dos a ocho años y una multa de entre 180 y 365 días de salarios mínimos (unos 7.2 dólares diarios).

La colusión simple y agravada para defraudar al Estado o entidad u organismo estatal será penalizada con tres o seis años, según el criterio del juez y entre 180 a 365 días de multa.

El peculado doloso o culposo será privativo de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años y también con 180 a 365 días-multa, pero esto último podría variar cuando el valor de lo apropiado sobrepase las 10 unidades impositivas tributarias.

En ese caso, según explicó el Ejecutivo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de 12 años y adicionalmente con 365 a 730 días-multa.

La malversación de los fondos del Estado peruano serán severamente sancionados con 365 días de multa y cuatro años de encierro y una multa similar será para los casos de delitos de cohecho pasivo propio.

Otros delitos que serán perseguidos drásticamente son: cohecho pasivo impropio, corrupción pasiva, cohecho activo genérico, cohecho activo trasnacional, aprovechamiento indebido de cargo, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

Actualmente hay casi un centenar de exfuncionarios, exministros, un expresidente de la República (Alberto Fujimori) y empresarios presos por incurrir en prácticas de corrupción.