Considera CDHDF "desproporcionada" modificación al Código Penal local

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) consideró "desproporcionada" la modificación al Código Penal capitalino, donde se incrementaron las penas a delitos cometidos en contextos de manifestación o protesta social.

"Resulta una medida desproporcionada al ser un mecanismo indirecto de criminalización de la protesta social, situación que resulta contraria a los postulados de una sociedad democrática incluyente, así como al contenido de la Constitución y a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos", dijo.

En un comunicado el organismo indicó que la protección de los derechos durante las manifestaciones y protestas, es responsabilidad de las autoridades capitalinas, quienes deben generar esquemas de protección sin discriminación a favor de todas las personas que, por cualquier razón, se vean involucradas en ellas.

"La utilización del derecho penal bajo argumentos asociados a la protección específica de servidoras y servidores públicos, resulta una medida contraria a los derechos fundamentales, al trasladar la responsabilidad de protección -por la vía punitiva- a las personas manifestantes que ejercen derechos fundamentales", reiteró.

En este sentido, el organismo llamó a los integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) a que adopten en la ley, "medidas alternativas" que regulen y armonicen el ejercicio y protección de las personas que intervienen en las manifestaciones.

Mencionó que estas acciones deben ser con un enfoque preventivo y no punitivo, como la capacitación de los cuerpos policiacos en materia de protocolos de actuación especializados en contextos de manifestaciones sociales, "que les aseguren una mayor protección así como pleno conocimiento respecto de sus posibilidades de actuación".

"Otra medida alternativa que puede cumplir con la finalidad de asegurar la integridad de los cuerpos policiales que intervienen en escenarios de manifestación o protesta social tiene que ver con el mejoramiento de las condiciones laborales asociadas a la naturaleza del trabajo que desarrollan", señaló.

De acuerdo con cifras de la CDHDF, tres de cada 10 quejas recibidas por este organismo en materia laboral durante 2012, se indica a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) como autoridad presuntamente responsable.

"El mejoramiento de las condiciones laborales y de seguridad social a favor de policías del Distrito Federal constituye, sin duda, un mecanismo alternativo de protección a sus derechos humanos", indicó.

Asimismo, "supone la existencia y utilización de vías menos invasivas que el derecho penal que resultan compatibles con sociedades democráticas y tolerantes de la diversidad", reiteró.

En este sentido la Comisión "hace votos" para que los integrantes de la ALDF consideren las obligaciones derivadas del Artículo 1° de la Constitución y adopte un enfoque de derechos humanos para evitar acciones criminalizantes respecto del ejercicio de los derechos fundamentales.

"Bajo un enfoque de derechos humanos, las autoridades de seguridad capitalina tienen la obligación de generar mecanismos de protección efectiva que, por una parte, no redunden en visiones criminalizantes de la protesta social.

"Y por la otra, sean capaces de asegurar la integridad y los derechos tanto de las y los manifestantes, como de las y los servidores públicos que intervienen en un contexto de protesta social", puntualizó.