México firma acuerdo amistoso en caso presentado ante Corte IDH

México firmó hoy ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) un acuerdo de solución amistosa con dos víctimas de detenciones arbitrarias y torturas ocurrido en 1997, anunció la subsecretaria Lía Limón García.

La firma, que corresponde al compromiso del Estado mexicano con los derechos humanos, es un acto sin precedente, dijo en diálogo con Notimex la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación de México.

El Estado mexicano nunca había suscrito un acuerdo de esta índole con el tribunal, lo que refleja la importancia que se asigna a las víctimas de violaciones de garantías fundamentales, subrayó.

El acuerdo refleja la voluntad de las partes para llegar a este acuerdo, así como el compromiso del Estado mexicano para promover, respetar proteger, y garantizar los derechos humanos, convertidos en una política de Estado, planteó.

"No necesitamos que la Corte llegue a dictar sentencia para reconocer nuestra responsabilidad" y proceder a la reparación de daños, expresó Limón García, y precisó que algunos hechos del caso ocurrieron antes que el Estado mexicano reconociera la competencia de la Corte IDH.

La subsecretaria resaltó la creación de un fideicomiso del Estado mexicano para dar cumplimiento a sentencias y mandatos de este tribunal, vigente desde junio pasado, lo que abrevia el lapso de espera de las víctimas para que las reparaciones se lleven a cabo.

El acuerdo fue suscrito este día por el Estado, las víctimas y el presidente de la Corte IDH, el peruano Diego García-Sayán, en calidad de testigo de honor.

El acuerdo incluye como componentes "la indemnización, apoyos para vivienda, seguro de atención médica, tratamiento psicológico, becas educativas, acto público de reconocimiento de responsabilidad, entre otros", explicó.

Limón García indicó que el nuevo enfoque del Estado mexicano incluye la entrada en vigor en enero pasado de la Ley General de Víctimas y la nueva Ley de Amparo, que complementan la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos.

En un comunicado, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que apoyó a las víctimas en la tramitación del caso, expresó beneplácito por el acuerdo.

Cejil y otras entidades de derechos humanos "saludamos a las autoridades del Estado mexicano por su disposición a reconocer las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de las víctimas", indicó el centro.

También encomiaron "los compromisos asumidos para reparar el daño causado y para evitar que hechos de esta naturaleza se sigan repitiendo en México".

Las víctimas Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre fueron detenidas, "arbitrariamente el 6 de junio de 1997 por agentes estatales", y sufrieron "torturas físicas y psicológicas en instalaciones de la policía del Distrito Federal".

Con confesiones arrancadas por la fuerza "sobre su presunta participación en delitos que no habían cometido", fueron procesados y condenados a tres años por portación de armas y 40 años por delitos de homicidio y lesiones, indicó el Cejil.

"Esto pese a denunciar a las autoridades las torturas de las que fueron objeto para la obtención de las confesiones, las cuales nunca fueron investigadas", señaló, a continuación.

El caso fue presentado en 2000 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, y llevado este año a la Corte IDH.