Tráfico de flora y fauna, grave problema para México

La amenaza del tráfico ilegal de animales y plantas se cierne sobre México, pues 108 mil 519 de las más de un millón 666 mil especies registradas, enfrenta la presión del tercer delito más importante del mundo, tras el tráfico de drogas y de armas.

México es identificado como uno de los pocos países megadiversos del mundo, además de origen, paso y destino del tráfico, concentra 10 por ciento de las especies y es primer lugar en reptiles, 50 por ciento de ellos endémicos.

Aunque resulta casi imposible cuantificar la verdadera dimensión del delito, el capítulo México del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), estableció en un trabajo conjunto con la Embajada Británica en México la verdadera naturaleza del fenómeno.

El documento titulado "Comercio y aprovechamiento de especies silvestres en México: observaciones sobre la gestión, tendencias y retos", advierte que "esta actividad es dominada por redes bien organizadas de cazadores furtivos, distribuidores, intermediarios, contrabandistas y vendedores".

Algunos cálculos sobre el mercado negro, incluidos en ese mismo estudio y en un documento del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), titulado "Tráfico ilegal de especies silvestres y sus impactos", clarifican por qué la delincuencia tiene tanto interés en ese negocio.

De acuerdo con sus estimaciones, una guacamaya roja vale dos mil dólares en el mercado negro; diversos tipos de loros, alrededor de mil dólares; algunas variedades de palmas, 300 dólares, y los monos tití, entre 800 y tres mil dólares cada uno.

Incluso, Alejandro del Mazo Maza, subprocurador de Recursos Naturales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dijo en entrevista que un kilo del "buche" de totoada, un pez sujeto a protección, puede costar en el mercado asiático hasta dos mil dólares.

El estudio de WWF-México señala que "existe amplia evidencia de un fuerte vínculo entre el crimen organizado y los delitos relacionados a la vida silvestre", y cita como indicadores algunos puntos en común.

En ambos casos, dijo, hay una planeación detallada, apoyo económico significativo, uso de amenazas y violencia, gestión internacional de embarques, falsificación y alteración tanto de permisos como de certificados, altamente sofisticada y grandes ganancias económicas.

El estudio del INECC señala una serie de factores que confluyen en el tráfico de especies: acopiadores, lucro, transportistas, distribuidores minoristas, comerciantes, empresarios y funcionarios.

Juan Carlos Cantú, representante de la organización Defenders of Wild Life (Defensores de la Vida Salvaje), dijo en entrevista que para detener el tráfico de especies requiere un cambio de paradigma cultural.

Invitó a evitar permanecer impávidos mientras crece el mercado para la venta de animales como guacamayas o loros, que se pueden encontrar en tiendas de mascotas, mercados o tianguis, aunque la ley las proteja y catalogue como amenazadas o en peligro de extinción.

Mientras tanto crece la presión de traficantes que envían productos como maderas y peces mexicanos a China, cuando es conocido que los delincuentes ambientales de ese país oriental se manejan hasta con amplios grados de violencia.

De ahí la propuesta de Juan Carlos Cantú en el sentido de cambiar, entre las autoridades y la población, el paradigma cultural. En lugar de vender las especies se puede conservar su hábitat y ofrecer ecoturismo, entre otras actividades.

Afirmó que la observación de aves puede ser un negocio, con inversión mínima. A manera de ejemplo, el año pasado los estadunidenses que vinieron a la margen norte del Río Bravo a observar aves tropicales migratorias dejaron 125 millones de dólares de derrama.

Con sólo conservar el hábitat se puede obtener de este lado de la frontera ese recurso. Y mientras una guacamaya, por ejemplo, sólo se vende una vez, en su hábitat vive 40 años y la pueden observar innumerables aficionados, con jugosas ganancias.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la Ley General de Vida Silvestre, coinciden en que cada tres años se debe de actualizar la lista de las especies en algún grado de riesgo.

Para ello existe la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2012, con un catálogo de dos mil 606 de animales y plantas en México, sujetas a alguna clase de protección o que enfrentan amenaza o riesgo de extinción.

Con estrictos criterios científicos, considera cuatro categorías: protección especial; amenazada; en peligro de extinción o probablemente extinta en su hábitat natural.

En entrevista, el subprocurador de Recursos Naturales de la Profepa, Alejandro del Mazo Maza, señaló que en 2014 se tendría la nueva actualización de esta Norma y adelantó la posibilidad de actualizarla cada año, en lugar de cada tres.

Además, informó que para detener el tráfico ilegal de animales se monitorean en forma continua las redes sociales, a fin de detectar probable venta de especies.

Por ello ya se inició el trabajo con administradores de sitios electrónicos de venta de objetos diversos, para que establezcan alertas, y así impedir que se coloquen anuncios de venta de especies protegidas y se avise con tiempo a las autoridades.

Sin embargo, reconoció que el personal es limitado en comparación con el tamaño del país, por lo cual es muy importante que la gente conozca la labor de la Profepa y denuncie los delitos ecológicos, ya que "los ciudadanos son nuestros ojos y nuestros oídos".

Aún así, señaló que en lo que va de 2013 se han realizado 123 operativos, 646 visitas de inspección y 761 recorridos de vigilancia. De ello resultaron cinco mil 880 ejemplares de diversas especies asegurados; 513 productos y 44 personas a disposición de la justicia.

Aunque el Artículo 420 del Código Penal establece penas de seis meses a nueve años de prisión, el estudio del WWF advierte: "nuestra realidad muestra que predomina una baja probabilidad de ser castigado si se comete alguna actividad ilegal en el uso de la vida silvestre".

Marielena Hoyo Bastein, exdirectora del Zoológico de Chapultepec y reconocida autoridad en materia de protección animal, señaló en entrevista que el tráfico de especies es un problema muy grave, imposible de solucionar con los actuales enfoques.

Desde hace más de 12 años, explicó, la Profepa persigue a los delincuentes ambientales y se congratula por el decomiso de animales vivos, a los que por lo general devuelve a su hábitat sin los debidos protocolos.

La falta de rigor científico y graves limitaciones presupuestarias y materiales, perjudican a los animales, en lugar de beneficiarlos. El resultado es que los ejemplares devueltos por lo general se mueren.

Y es que, desde su experiencia, el trato digno y respetuoso de los animales a que obliga la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en su Artículo 87 Bis 2, no se cumple.

Además, cualquier animal salvaje, en cuanto entra en contacto con los seres humanos, pierde sus habilidades para permanecer en su hábitat y se convierte, en la práctica, "en un animal muerto para la naturaleza".

Por ello, sugirió cambiar el enfoque y pasar de un reactivo (que en su opinión no funciona), a uno preventivo, donde no debamos detener delincuentes ambientales, sino evitar que cometan esos ilícitos.

También sugirió que los altos cargos del sector ambiental sean sometidos a concursos de oposición, pues indicó que la conservación del ambiente requiere profundos y especializados conocimientos técnicos, por lo general ausentes en los políticos.

Puntualizó que se trata de puestos técnicos y son los especialistas quienes deben manejarlos, reclamó, al sugerir también que se le dé plena autonomía técnica y presupuestaria a la Profepa, pues mientras dependa de la Semarnat, no podrá ejercer con eficacia su labor.