Alista Senado Ley de Protección de Diversidad Sexual

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, Angélica de la Peña, propuso la creación de la Ley General para Promover la Igualdad y la Protección de los Derechos de las Personas de la Diversidad Sexual.

En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBT, la senadora De la Peña señaló que es una declaración de derechos para la población Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transexual, Transgénero e Intersexual (LGBTTTI) mexicana.

Hasta el momento, en el mundo no existe una legislación similar y esta legislación beneficiaría a 11 millones de personas que conforman la población LGBTTTI en el país.

El proyecto de ley pretende prevenir y eliminar todo tipo de discriminación y violencia derivada de la orientación sexual o identidad de género de cualquier persona.

En su capítulo 2 establece que la población LGBTTTI gozará de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano. Los derechos ahí enunciados deberán ser garantizados por autoridades federales, estatales y municipales en igualdad de condiciones y sin discriminación.

Entre otros preceptos, destaca el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, es decir, la indefinición de la identidad de género deberá considerarse en legislaciones civiles federal y de las entidades federativas y no se podrá negar la inscripción del registro de nacimiento por esta razón.

Asimismo, deberán prever el levantamiento de una nueva acta por la reasignación para la concordancia sexo-genérica. Y no podrán ser obligados a someterse a cirugías de reasignación de sexo, esterilización o terapia hormonal para el reconocimiento legal de su identidad de género.

Además, en el Artículo 20 establece la seguridad social como un derecho, el cual se les ha negado en reiteradas ocasiones en el pasado por su preferencia sexual o identidad de género.

Así, los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS), de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas estarán obligados a prestarles servicios.

Considera también los beneficios laborales como: licencia por maternidad o paternidad, por desempleo, seguro, cuidados de salud (incluidas las necesarias para la reasignación de la identidad para la concordancia sexo-genérica), funerarios, pensiones y beneficios relativos a la pérdida de apoyo para cónyuges como resultado de enfermedad o muerte.

La iniciativa de ley garantizaría los siguientes derechos: a formar una familia, a la vida, a la no discriminación, a la privacidad, a no ser detenido arbitrariamente, al debido proceso, a no ser sometido a torturas o tratos inhumanos.

Asimismo, contra todas las formas de explotación y trata de personas, derecho al trabajo, a un nivel de vida digno, al más alto nivel posible de salud, protección contra abusos médicos y a participar en la vida pública, entre otros.

"Es necesario que sigamos reformando nuestro marco jurídico para garantizar que desde las dependencias encargadas de las políticas públicas y las acciones gubernamentales se logré el respeto irrestricto de estos derechos y asegurar que no sufran ninguna violación como, por desgracia, sigue aconteciendo a lo largo y ancho del país", enfatizó De la Peña.

Los derechos antes enumerados y los contenidos en la iniciativa de ley están basados en los Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario en Relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género.

Aunque no se han adoptado oficialmente como un estándar internacional, tanto los cuerpos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como varias cortes nacionales y muchos gobiernos los aplican.