Vulnerados derechos de 3.5 millones de jornaleros, revela informe

Al presentar el informe Migrantes Somos y en el Camino Andamos, el antropólogo Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan", dio a conocer estadísticas de la violación de los derechos humanos de 3.5 millones de jornaleros agrícolas en México.

En el Senado de la República reconoció que esa situación ha generado recomendaciones de más de siete mecanismos de derechos humanos regionales y universales en materia de discriminación racial, alimentación, educación, derechos de los pueblos, económicos, sociales, culturales y de los migrantes.

Barrera señaló que la población indígena migrante enfrenta condiciones de trabajo, normas sanitarias, alojamiento, transporte y educación, inferiores a lo señalado por las normas internacionales, lo que provoca que en muchas ocasiones sobrevivan en condiciones infrahumanas.

Precisó que la problemática constante es el incumplimiento en el pago de salarios, la falta de contratos por escrito, malos servicios en los campos agrícolas, condiciones de trabajo deplorables que ponen en riesgo la vida de los jornaleros, entre otros.

En este sentido, comentó que 90 por ciento de los jornaleros realiza su trabajo sin un contrato formal; 72.3 por ciento gana por jornal o día de trabajo, 23.8 por ciento recibe su pago a destajo, o bien, 76.5 por ciento recibe su pago cada semana y 18.4 por ciento a diario.

Además no tienen acceso a la seguridad social, aunque su vida corra riesgo por materiales tóxicos a los que están expuestos, sobre todo en uso de agroquímicos prohibidos en otros países.

Subrayó que en México se estima que 405 mil 712 familias están en permanente movimiento entre sus zonas de origen y a las zonas que migran.

La Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas (ENJO) realizada por la Secretaría de Desarrollo Social en 2009 señala que en México dos millones 40 mil 414 personas, de manera temporal o permanente, realizan actividades de agricultura en diferentes zonas o campos agrícolas de la República mexicana.

De acuerdo con la ENJO 2009 del total de la población jornalera agrícola, poco más de 3.5 millones son niños y niñas menores de 18 años, es decir, 38.9 por ciento del total.

Ante ello, Abel Barrera opinó que el Estado se ha limitado a crear programas para atender la situación de los migrantes pero presentan deficiencias y no cuentan con un enfoque integral, por lo que se impide que las causas estructurales del éxodo de familias indígenas sean atendidas de raíz.

Por lo que, dijo, urge revisar el esquema de guarderías y estancias infantiles, fortalecer la promoción social en programas de atención a jornaleros, desarrollar y mejorar el marco normativo que fije estándares mínimos que cumplan albergues, diseñar cláusulas de respeto a derechos laborales en subsidios entregados a los campos, entre otros.

Se debe garantizar que las autoridades federales y estatales de trabajo ejerzan su facultad para asegurar que el monto de las sanciones por violar derechos laborales de jornaleros y disuada a los dueños de los campos de hacerlo, señaló.

En tanto, Victoria Cruz, asesora técnica principal del Proyecto Alto al Trabajo Infantil en la Agricultura del Programa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aseguró que la agricultura es uno de los sectores más peligrosos para trabajar desde cualquier edad.

Explicó que en América Latina 14 millones de niños y adolescentes trabajan en actividades peligrosas o son víctimas de trabajo infantil y en México al menos tres millones de ellos se encuentran en la misma situación, en que menos de un tercio labora en el sector agrícola.

Además destacó que el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, toma protesta de la Comisión Intersecretarial para la Erradicación y Prevención del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en México, con lo que se da un gran paso para la protección de los jornaleros agrícolas.

Sin embargo, indicó, luego de conocer el informe que documentó la violación de derechos de jornaleros agrícolas, urge intensificar los esfuerzos de los actores, atender situaciones de peligro que enfrentan niños y sus familias, aplicar políticas y rendición de cuentas mediante la creación del sistema de monitoreo y evaluación, entre otros.

A su vez, Manuel Othón Oliver Anzueto, de la dirección de Igualdad Laboral para Jornaleros, Indígenas, Jóvenes y Personas Privadas de su Libertad, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, señaló que el gobierno federal desarrolla programas específicos para atender a ese sector de la población.

En este sentido, dijo, se aplican estrategias como el Proyecto Distintivo Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil que integra 61 empresas de Baja California Sur, Baja California, Chiapas, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Yucatán y Zacatecas.

Otro proyecto es el de Acreditación de Habilidades y Certificación de las Competencias Laborales para Jornaleros Agrícolas con el que se reconoce el valor del trabajo que desarrollan y logró la certificación de 17 mil 375 desde 2008.

Asimismo el referente a la capacitación de autoridades comunitarias, jornaleros agrícolas líderes indígenas y no indígenas y para personas que de manera natural asumen funciones de contraloría social, en materia de derechos humanos, laborales y sociales, indicó.