Pide Arturo Núñez que Andrés Granier sea llevado a Tabasco

El gobernador Arturo Núñez Jiménez consideró que el ex gobernador Andrés Granier Melo debe ser traído a Tabasco, pues tanto el juez federal de la causa como el del ámbito local están radicados en esta entidad.

Indicó también que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) tiene bajo arraigo al ex mandatario, por los delitos locales que se vayan a tipificar.

Lo anterior, expuso, dependerá del desarrollo de la indagatoria por ilícitos como ejercicio indebido o enriquecimiento, lo cual dará a conocer en su oportunidad, el procurador Fernando Valenzuela Pernas.

Entrevistado en Huimanguillo durante una gira de trabajo, el mandatario estatal añadió que se van cumpliendo los tiempos del procedimiento penal y que ahora la autoridad competente en la Ciudad de México, resolverá si dicta o no auto de formal prisión contra Andrés Granier.

Asimismo, conforme al debido proceso, dar la oportunidad a la defensa para que si así lo considera, presente una solicitud de amparo.

Sin embargo, refirió que uno de los delitos por los que fue aprehendido, se le considera grave y por tanto, no tiene derecho a libertad bajo fianza.

El encarcelamiento del ex mandatario, destacó, son cosas que no habían ocurrido y que los gobernantes son electos para administrar los recursos, no para privatizarlos en beneficio propio.

"Espero que no sólo se sancione a los responsables de ilícitos, sino que logremos recuperar, por lo menos, alguna parte de los recursos", resaltó.

Recordó que su administración no incluyó el nombre del ex gobernador en las denuncias, pues se trataba justamente de que, en el inicio y desarrollo de las averiguaciones previas, se pudiera evidenciar la presunta responsabilidad en distintos delitos de ex servidores públicos y de quienes resultaran involucrados.

Señaló que la Procuraduría General de la República (PGR) configuró delitos que sólo ellos podían hacer por ser del orden federal, como la operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, datos a los que no tiene acceso una autoridad local.