Renuncia Fiscal General de Honduras tras acusaciones del Congreso

El Fiscal General de Honduras, Luis Alberto Rubí, renunció hoy al cargo, tras acusar al Congreso Nacional de realizar acciones para desestabilizar su gestión y presionar su salida de la institución.

"Con serenidad y paciencia he observado las últimas acciones de ese Congreso Nacional orientadas a obtener mi renuncia del cargo, que he venido desempeñando con el mayor empeño", señaló Rubí en una carta que envió al Congreso Nacional.

Rubí fue nombrado Fiscal General por el Congreso Nacional en 2010 para un periodo de cinco años, el cual concluiría en marzo de 2014.

"Sin embargo, las últimas actuaciones de ese poder del Estado (Congreso Nacional) han comprometido hasta la saciedad la independencia de la institución", argumentó Rubí en su misiva.

Consideró que esas acciones "han revelado una voluntad política clara para que el suscrito no continúe en el desempeño del cargo, llegando a niveles que considero intolerables para la salud institucional y mi propia dignidad personal".

La Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, presidida por el diputado Mario Pérez, solicitó que el Fiscal General sea sometido a un juicio político, equivalente a su destitución.

Una administración inadecuada del presupuesto de la Fiscalía, en la que se destinó la mayor parte del presupuesto a gastos administrativos, entre otros se denunció a la gestión de Rubí.

Mientras que varios fiscales han sido asesinados, los jueces no cuentan con personal de seguridad y conducen en automóviles particulares, la secretaria particular de Rubí tenía asignada una camioneta blindada.

Los salarios de la secretaria y otros empleados cercanos a Rubí eran superiores a los fiscales, entre otras irregularidades, según investiga la Comisión legislativa.

La Comisión de Reforma de la Seguridad Pública (CRSP) solicitó en febrero pasado al Ministerio Público, una total reestructuración de la Fiscalía de Lucha Contra la Corrupción, en la cual su titular Henry Salgado fue señalado por presenta corrupción.

El Ministerio Público ha sido señalado de negligente para investigar asesinatos, casos de enriquecimiento ilícito, ya que en las cárceles hondureñas no se aloja en ellas a ningún corrupto de alto nivel, sólo personas de escasos recursos económicos, denunció la CRSP.

Esa Comisión fue creada en julio de 2012 y está integrada por Víctor Meza, ex ministro de Gobernación del derrocado presidente Manuel Zelaya; Matias Funez, conocido intelectual y el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Jorge Omar Casco, entre otros.

"Las encuestas de opinión pública establecen que la corrupción, junto a la violencia, la crisis económica y el crimen común y organizado, forman una trilogía siniestra que corroe la estructura interna del Estado", advirtió dicha Comisión.