Aprueba Comisión minuta para establecer un código penal único

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, en lo general y en lo particular, la minuta que reforma la fracción 21 del Artículo 73 de la Constitución que otorgaría facultades al Congreso de la Unión para establecer un código penal único en el país.

Esta reforma, que se turnó en su momento a la Cámara de Diputados, figura entre los temas que se abordarán en el primer periodo extraordinario de sesiones previsto para llevarse a cabo entre los días 16 y 19 de julio.

Asimismo, los integrantes de esta instancia legislativa acordaron posponer la discusión de la iniciativa en materia de disciplina financiera y deudas de estados y municipios que modifica el Artículo 74 Constitucional.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Julio César Moreno Rivera, aseguró que ya quedó aprobado para el periodo extraordinario facultar al Congreso de la Unión para efecto de crear la legislación procesal única a nivel nacional.

Lo cual, dijo, es un paso importante para que una vez que se apruebe por el pleno, ahora si vayamos a la tarea de elaborar el Código Procesal Penal Único para efectos de darle armonía a la reforma estructural judicial que entrará en vigor en 2016 sobre los juicios orales.

Seguramente, insistió, ya es tema para el periodo extraordinario. Otro punto que se va a tocar y que se discutirá el próximo lunes para tener el dictamen en torno a deuda de los estados y por eso se está declarando un receso para recibir opiniones y observaciones hasta este jueves.

En entrevista, apuntó que se tiene como plazo el 2016 ya que es una reforma Constitucional que se debe cumplir. "Algunos países como Chile se dieron más tiempo y hoy tienen el juicio oral, aquí seguramente ya se tiene en varias entidades".

El diputado del Partido de la Revolución Democrática consideró que este es un gran paso para poner armonía ya que si no cada quien pondrá su legislación procesal como se le ocurra.

Insistió en que se van a tener dos dictámenes para el periodo extraordinario que son las reformas a los Artículos 73 y 74 Constitucionales.

El proceso electoral del 7 de julio no debe afectar la discusión de los temas torales y de fondo que no debemos atrasar por tiempos políticos o electorales, como es el caso de las deudas de los estados.

"El indiscriminado derroche que se ha hecho hipotecando a los habitantes de ciertos estados, ya se debe poner una regla al respecto a través de una reforma constitucional y la debemos hacer ya y no debemos estar esperando. Es un tema abierto y que los gobernantes pueden pedir préstamos impagables y dejan la deuda a otros".

Seguramente este tema de poner orden en la deuda de los estados será aprobado en este periodo extraordinario, agregó.

Aquí estamos reformando la Constitución, del Articula 74 y esta reforma es amplia y ahora que lo veamos en lo particular, ya que se detectaron algunas deficiencias y vamos a darnos este tiempo para sacar el mejor dictamen, ya que es un tema de gran importancia.

Una vez que se tenga la facultad para elaborar el código penal único tenemos que sumarnos de inmediato y en coordinación con el senado, donde ya van avanzados. "Incluso podemos trabajar en conferencia", agregó.

Es importante que sea de manera inmediata y la reforma dé pauta para crear el código procesal penal único. Ya tenemos encima la reforma judicial de 2016 y lo más preocupante es que cada estado toma sus propios criterios para aplicar los juicios orales.

Este ordenamiento de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas regirá en toda la República en el orden federal y en el fuero común, indicó.

Esta propuesta tiene su origen en tres iniciativas presentadas en la Cámara Alta entre febrero y abril de 2013, por los senadores Roberto Gil Zuarth, María del Pilar Ortega Martínez y Raúl García Guzmán, Carlos Mendoza Davis y José María Martínez Martínez, del Partido Acción Nacional (PAN),

También Arely Gómez González, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manuel Camacho Solís, del Partido de la Revolución DEmocrática (PRD), y Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El 29 de abril de 2013, el Pleno del Senado aprobó el dictamen y el 30 de abril la Cámara de Diputados recibió la minuta y la turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su análisis y estudio.

En las consideraciones del dictamen se expone que en la reforma constitucional publicada el 18 de junio de 2008 se estableció que el sistema acusatorio tendría ocho años para que entraran en vigor estas reformas, es decir, que en 2016 deben estar unificados todos los sistemas penales del país.

Se subraya que contar con una legislación adjetiva única, no va en contra del pacto federal ni vulnera la soberanía de los estados.

La reforma al artículo 73, fracción XXI queda de la siguiente manera: El Congreso tiene facultad para expedir las leyes generales en materias de secuestro y trata de personas, que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones.

Las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios.

La legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación y las penas y sanciones que por ellos deban imponerse; así como legislar en materia de delincuencia organizada.

La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.