Avala Francia leyes de transparencia y contra fraude fiscal

La Asamblea Nacional de Francia aprobó hoy dos proyectos de ley sobre transparencia de la vida pública y la lucha contra el fraude fiscal, que incluyen, entre otras, sanciones para los funcionarios electos por falsas declaraciones.

La aprobación de las iniciativas, este martes por amplia mayoría en primera lectura, llegó tres meses después del escándalo que propició la renuncia del exministro de Presupuesto, Jerome Cahuzac, acusado de evasión fiscal.

Ambos textos fueron objeto de muchas negociaciones, sin embargo en la votación se opusieron los diputados de derecha y los de la izquierda radical, de acuerdo con reportes del diario local Le Monde.

Entre las medidas adoptadas está la creación de una alta autoridad de la transparencia de la vida pública, definida como "gendarme moral" que recibirá y controlará las declaraciones de intereses y patrimonio de funcionarios, parlamentarios y otros cargos electos.

Esta autoridad independiente podrá ingresar a la administración tributaria 60 días después de la presentación de la declaración y en cualquier momento ser interpelada por los ciudadanos que pudieran sospechar un fraude, los "denunciantes" serán protegidos.

Otra medida garantiza la consulta de las declaraciones de bienes de los funcionarios electos, pero para proteger la privacidad, sólo será posible hacerlo a petición expresa de un elector y quien revele la información será sancionado con un año de prisión y una multa.

La iniciativa más importante, destacó Le Monde, es que las declaraciones de los funcionarios elegidos serán publicados en internet, es decir, sus actividades profesionales personales, pero también las de sus cónyuges, padres e hijos.

Estas declaraciones se remitirán hasta cinco años antes de asumir su cargo y en caso de falsa declaración, el funcionario podría enfrentar hasta cinco años de cárcel y una multa por 75 mil euros.

Las nuevas disposiciones contra la evasión fiscal aumentan las penas por fraude, refuerzan las competencias de la administración tributaria y aduanera y proporcionan una mejor cooperación entre las autoridades fiscales y judiciales.

El fraude fiscal agravado (que lo efectúa una banda organizada o aquel en el que las circunstancias lo hacen más difícil de detectar, sobretodo con cuentas secretas en bancos en el extranjero) será castigado con siete años de prisión y una multa de dos millones de euros.