Diputados ratifican compromiso de luchar contra la violencia a mujeres

El coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, ratificó el compromiso de castigar, sancionar y, algún día, eliminar la violencia contra las mujeres.

Por ello, agregó, los estados tienen el deber de actuar con obligada diligencia frente a las violaciones de derechos humanos en prácticas como está, "la cual debe incluir prevención, investigación y reparación del daño".

Al participar en el seminario-curso "Feminicidios y su investigación con la debida diligencia", coincidió con diputados, funcionarios y especialistas que reconocieron que deben emprenderse acciones eficaces y coordinadas que incidan en la erradicación de la violencia contra las mujeres.

El diputado federal señaló que el feminicidio representa un acto de violencia extrema contra las mujeres y atenta contra lo más preciado, que es la vida, además de que constituye una de las peores violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales.

Indicó que el feminicidio se estableció en el Código Penal Federal en 2011 y ahora 29 entidades del país ya lo tipifican, pero reconoció que a varios años de la publicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia "siguen sin verse los resultados de su aplicación".

"Se deben hacer esfuerzos para que en el sistema judicial la tipificación del feminicidio vaya de la mano con la aplicación de un protocolo especializado que dé resultados oportunos y satisfactorios", puntualizó.

Al referirse a este seminario, que concluirá mañana en el Palacio legislativo de San Lázaro, Aureoles Conejo dijo que este espacio será la oportunidad para reflexionar y revisar lo que se ha hecho en esta materia.

Es una oportunidad para construir propuestas y establecer compromisos conjuntos a efecto de que "este terrible fenómeno social sea eliminado y severamente castigado", afirmó.

A su vez, el vicecoordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, mencionó que de acuerdo con el Inegi, casi 75 por ciento de las mexicanas ha vivido alguna forma de violencia, ya sea en casa, escuela, centros de trabajo o comunidad.

Indicó que según la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), entre 2001 y 2010 fueron asesinadas 14 mil 991, de esos casos cinco mil 904 sucedieron entre 2008 y 2010, es decir, en dos años se registró casi 40 por ciento de las muertes por homicidios de mujeres en una década.

Informó también que la tasa de homicidios dolosos de mujeres para 2010 superó el promedio global reportado para el continente americano, que fue de cuatro por cada 100 mil habitantes, y resaltó que esta situación implica un retroceso de 14 años para México, puesto que desde 1996 no se observaban tasas similares.

El vicecoordinador relató y calificó de alarmante que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2012 registró 16 mil violaciones sexuales en el país.

Por ello, dijo que aunque se han hecho esfuerzos importantes desde el Poder Legislativo para mejorar el marco jurídico que garantice investigaciones, procesos y sanciones efectivas, al confrontar la violencia con las cifras de impunidad, "en la mayoría de los crímenes resulta evidente que esos esfuerzos no han sido suficientes".

En tanto, el procurador general de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Fernando Ríos Garza, quien también asistió al seminario, expresó que una prioridad del gobierno capitalino es erradicar las formas existentes de discriminación que padecen las mujeres.

Refirió que desde junio de 2011, cuando la Asamblea Legislativa del Distrito Federal incorporó en el Código Penal local el feminicidio, y al crear una agencia especializada, se han iniciado 84 averiguaciones previas relacionadas a la comisión de 86 feminicidios.

La incidencia, detalló, respecto al año anterior ha disminuido 44.91 por ciento. Desde 2011, abundó, se han consignado a 57 personas, de las cuales 36 siguen en proceso y 21 han sido sentenciadas.

Precisó que de las entidades que tipifican y reportan la comisión de este delito, el Distrito Federal se ubica en el antepenúltimo lugar de incidencia delictiva, con una tasa de comisión de 0.49 eventos por cada 100 mil habitantes.

Ríos Garza argumentó que con la aplicación de acciones eficaces, la comisión de este delito puede disminuir y estimó que este seminario servirá para la formación de servidores públicos capacitados y especializados en la materia, lo que reducirá más los índices de violencia contra la mujer en el Distrito Federal.

"Proteger y asegurar la integridad de las mujeres es un desafío que involucra la participación de autoridades, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil; hacerlo significará reconocerlos como hombres y mujeres plenos en dignidad y derechos", abundó.

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, la diputada perredista Martha Lucía Mícher Camarena, señaló que la alerta de género es una oportunidad para avanzar en la justicia para las mujeres y en la incorporación de la perspectiva de género, así como en las labores de investigación.

Hizo votos para que la investigación, la procuración de justicia y la igualdad se midan en resultados, toda vez que no puede haber retrocesos en la protección de las mujeres.

Mícher Camarena mencionó que el Distrito Federal fue la primera entidad en tipificar el feminicidio y la que consiguió su primera sentencia, urbe que se ha caracterizado por tener un adecuado y eficaz protocolo de investigación de los femincidios, ya que permite que estas muertes se vean de esta manera.

El seminario también estuvieron presentes la magistrada María Tardón Olmos, presidenta de la Sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid-España, quien precisó que es alarmante que más de 40 por ciento de las mujeres en el mundo sufra violencia de género.

Además del presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Enrique Larios, quien hizo votos por que este curso permita sensibilizar al poder público para seguir fortaleciendo las capacidades de quienes están encargados de las investigaciones y de quienes brindan acompañamiento jurídico a las víctimas.