Referente para la región, labor de la Corte en caso Radilla: CIDH

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció el esfuerzo de la Suprema Corte y su resolución en el caso Radilla Pacheco, la cual es un referente para la región por su impulso en la protección de las garantías fundamentales.

El 25 de agosto de 1974 en un retén militar en Guerrero fue detenido ilegalmente el activista Rosendo Radilla Pacheco, de quien nada se volvió a saber.

El caso de su desaparición forzada fue presentado en 2001 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el 23 de noviembre de 2009 emitió una sentencia contra el Estado mexicano por graves violaciones a las garantías fundamentales.

El organismo internacional indicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hizo un amplio esfuerzo para que el Estado mexicano cumpliera con la sentencia impuesta, lo cual influyó en todas las esferas gubernamentales.

La Corte Interamericana reconoció el esfuerzo del máximo tribunal mexicano y sus resoluciones para que el llamado fuero militar no pueda operar, bajo ninguna circunstancia, frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles.

Lo anterior según una resolución de la CIDH emitida el 14 de mayo respecto del avance en el cumplimiento, por el Estado mexicano, de las órdenes emitidas en la sentencia del caso Radilla Pacheco, en las que se valoraron especialmente los esfuerzos desplegados por el Poder Judicial de la Federación (PJF) y la Suprema Corte de Justicia.

En un comunicado del máximo tribunal del país se informó que la Corte Interamericana reconoció el trabajo y la activa participación del pleno la Corte, con relación al cumplimiento y las consideraciones por el Estado mexicano de las órdenes emitidas en la sentencia mencionada.

Al respecto calificó estas acciones como determinantes para que el Tribunal Constitucional mexicano sea hoy un referente de protección de derechos humanos en la región y sea reconocido por este órgano garante supranacional.

Destaca la labor realizada por el PJF -en su conjunto los ministros, magistrados y jueces- mediante la cual, a través del despliegue de un importante esfuerzo institucional, se contribuyó para que el Estado mexicano cumpliera con obligaciones derivadas de la CIDH, así como de tratados internacionales de los que México es parte.

En su resolución, la Corte Interamericana de Derechos Humanos enfatizó la importancia de los acuerdos alcanzados por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente varios 912/2010.

Entre ellos el reconocimiento de la obligación a cargo del Poder Judicial de ejercer un Control de Convencionalidad ex Officio entre las normas internas y la Convención Americana.

Destacó también la relación entre el control de convencionalidad y el Artículo 1 de la Constitución federal, especialmente con el principio de interpretación conforme y el principio pro personae.

Otro acuerdo que destacó es el reconocimiento de que las decisiones de la CIDH con respecto a México son obligatorias para todos los órganos del Estado, en sus respectivas competencias.

El resto de la jurisprudencia tendrá el carácter de criterio orientador de todas las decisiones de los jueces mexicanos, pero siempre en aquello que sea más favorecedor a la persona.