Mejía Berdeja propone aumentar penas a falsificadores de documentos

El diputado Ricardo Mejía presentó una iniciativa en la que propone modificar el Artículo 243 del Código Penal Federal, para aumentar de cinco a 15 años la pena de prisión y de 200 a 360 días la multa por falsificar documentos públicos.

Plantea asimismo elevar de uno a cinco años de cárcel y la sanción económica de 180 a 360 días, por falsificar documentos privados; en el caso de tratarse de un servidor público, la pena aumentaría hasta en una mitad.

Mejía Berdeja explicó que los títulos de licenciatura en enfermería, medicina y derecho son las más demandadas para falsificar "y hay necesidad de cédulas para 27 profesiones de alto impacto, que tienen que ver con la vida, el patrimonio, la seguridad y la libertad".

El legislador advirtió que no solamente se hace mal uso de documentos oficiales, falsificados, sino que también se están adentrando en actividades que requieren conocimientos. De ahí la gravedad del tema.

Esto es particularmente grave porque no sólo se falsifica un documento, sino fraudulentamente "se validan" estudios profesionales, incluso para profesiones que demandan estudios y no puede desarrollar una persona que no tiene los conocimientos requeridos.

El vicecoordinador de la fracción legislativa de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados propuso que la Dirección General de Profesiones fortalezca los mecanismos de seguridad de los documentos que expide.

Dio a conocer que según cifras de la propia Secretaría de Educación Pública (SEP), se han detectado entre tres mil 147 cédulas y mil 914 certificados de bachillerato falsificados entre los años 2002 y 2012.

Es decir, hay un comercio totalmente ilícito de esta papelería y es público que en la Plaza de Santo Domingo, ubicada en el Centro Histórico de la ciudad de México, por una cantidad determinada se adulteran estos documentos.

Incluso hay otro delito, porque a veces se retoman claves que sí tienen que ver con títulos que evidentemente se expidieron y también se está usurpando identidad.

Actualmente, puntualizó, en el Código Penal se pena con cuatro a ocho años de cárcel por la falsificación de documentos oficiales y de seis meses a cinco años en el caso de documentos privados. Por lo tanto, dijo, estamos proponiendo aumentar de un año a cinco años.

"Es un problema gravísimo que está afectando a las profesiones en el país, y en la medida en que se puede falsificar estos documentos, también hay un deterioro de la educación y de la convivencia que debe estar armónica en nuestro país", aseveró Ricardo Mejía Berdeja.