Urge CNDH a emprender acciones en materia de seguridad pública

El ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, urgió a las autoridades federales a emprender acciones en seguridad pública, para evitar que grupos civiles ejerzan "lo que ellos llaman justicia por su propia mano y pretender autodefenderse".

Al presentar su informe de 2013 ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, planteó que la ineficacia de los cuerpos policiacos propició que "la sociedad civil, a través de grupos de personas denominadas autodefensas" ejerzan "las tareas de seguridad pública, en sustitución de los órganos del Estado mexicano".

Indicó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hace suyo el reclamo de esas comunidades que se han visto lastimadas y severamente agraviadas por la acción de la delincuencia.

Como presidente del organismo defensor Plascencia Villanueva refrendó su compromiso de estar al lado de las víctimas, acompañándolas en la exigencia para que las autoridades pongan en marcha acciones eficaces en materia de seguridad pública y justicia.

El presidente de la CNDH refirió, por otra parte, que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue la autoridad señalada con más frecuencia en 2013, como responsable de violar los derechos humanos.

A ese organismo le siguieron el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Federal (PF) y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

También los institutos de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Nacional de Migración (INM), así como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Marina (Semar).

Plascencia Villanueva explicó que la CNDH proporcionó 348 mil 15 servicios de atención al público en 2013, más del doble de lo que se hacía en 2009 y se recibieron y clasificaron 45 mil 972 escritos de queja, de las que 23 mil 716 dieron origen a expedientes de queja, orientación directa, remisión e inconformidad.

El resto de las quejas, en tanto, se refirió a diferentes solicitudes para que se les oriente respecto a sus peticiones.

El ombudsman nacional detalló que el año pasado se emitieron 86 recomendaciones en las que fueron señaladas 109 autoridades, 65 del ámbito federal y 44 estatales y municipales.

"Es importante precisar que el gobierno federal aceptó todas las recomendaciones incluyendo algunas que habían sido rechazadas durante el año 2012", puntualizó.

Dejó claro que la protección y la defensa de los derechos humanos no se lleva a cabo sólo con la emisión de recomendaciones, sino también a través de la restitución de los derechos del quejoso, lo que conlleva a la conciliación, con lo que el año pasado se resolvieron tres mil 500 casos en ese sentido, el triple respecto a 2009.

El ombudsman nacional destacó los informes del organismo relacionados con el estado de las internas en centros penitenciarios del país y una más que documenta el abandono de la observancia de los derechos fundamentales en los hospitales psiquiátricos,

También el relacionado con los grupos de autodefensa en Guerrero, en el que "se reiteró la preocupación por los peligros y retrocesos que representa la existencia de esos grupos que pretenden ejercer lo que ellos denominan justicia por propia mano y pretender suplantar también, las labores a cargo de las autoridades del Estado mexicano".

Además destacó que en 2013 a través de actividades de capacitación dirigidas a servidores públicos de las entidades gubernamentales que concentraron el mayor número de quejas, permitieron la disminución de éstas en un 50 por ciento las relacionadas con las fuerzas armadas.

Dijo que con objeto de prevenir la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, este organismo realizó 539 visitas a diferentes lugares de detención e internamiento, a fin de verificar un mejor cumplimiento de la autoridades encargadas e identificar prácticas que pongan en riesgo a las personas.

"Como producto de estas visitas se emitieron 10 informes en los cuales se señalaron dos mil 109 irregularidades, entre las cuales se encuentran la falta de capacitación de los servidores públicos adscritos a esos lugares de detención en materia de prevención de la tortura", detalló.

Además de la insalubridad de las instalaciones, deficiencias de alimentación, carencias de áreas exclusivas para alojar a mujeres detenidas y deficiencias en la prestación de servicio médico.

Plascencia Villanueva dijo que en las investigaciones relacionadas con personas desaparecidas o localizables, se formularon 21 mil 918 solicitudes de información dirigidas a diversas autoridades, a fin de reunir elementos que permitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición.

"Quiero reconocer los esfuerzos que se han realizado para la búsqueda y localización de las personas desaparecidas, en especial la creación de la Unidad Especial de la PGR y la labor que llevan a cabo diversos gobiernos en la materia", refirió.

Y añadió: "Sin embargo, es importante señalar la relevancia de que se puedan dar resultados en este ámbito para que los familiares de las víctimas puedan conocer la verdad sobre estos hechos y particularmente se haga justicia en la materia".