Arrestan a dueño de dispensario de marihuana en California

El dueño de un dispensario de mariguana medicinal en Los Ángeles fue detenido tras ser acusado de conspirar para vender drogas, reportaron autoridades judiciales.

Adam Christopher Vega, de 30 años, fue detenido el pasado viernes en Bakersfield, California, acusado de conspirar para vender metanfetaminas y marihuana.

El arresto fue confirmado por Jay Fitzpatrick, agente especial de la Agencia Antidrogas (DEA, siglas en inglés) y por Benjamin B. Wagner, de la procuraduría federal de Estados Unidos.

La acusación formal fue emitida por un jurado federal en Fresno el pasado 16 de enero contra Vega y coacusados en la conspiración.

Además de Vega, como coacusados se presentaron cargos contra Baltazar Castañeda García, de 23 años, Jesús Manuel Peraza Ruiz, de 54, y Robert Anthony Canchola, de 26, todos de Bakersfield.

Esas cuatro personas y Eduardo Ortega Chávez, de 32 años, de Oakland, también están acusados de conspirar para fabricar y distribuir marihuana.

Según documentos judiciales, Vega era el dueño de Best Cooperative, un dispensario de marihuana medicinal en Bakersfield durante el tiempo que se dio supuestamente el tráfico.

Documentos de la corte indicaron que los acusados vendían las drogas entre el condado de Kern y Oakland, donde Chávez mantuvo una operación de cultivo de marihuana.

En octubre de 2013 Ruiz fue detenido en Bakersfield con aproximadamente tres kilogramos de metanfetaminas ocultos en su vehículo cuando regresaba desde el sur de California.

García y Canchola también están acusados de posesión de metanfetamina y mariguana incautados en cateos en tres residencias en Bakersfield el 8 de enero de 2014, incluidos dos con cultivo de marihuana.

Vega hará su primera comparecencia este lunes ante un juez federal magistrado en Bakersfield.

Si son declarados culpables Vega, García, Ruiz y Canchola, enfrentan una pena legal máxima de 10 años a cadena perpetua y una multa de 10 millones de dólares.

Si es declarado culpable, Chávez enfrenta una pena legal máxima de cinco a 40 años de prisión y una multa de cinco millones de dólares.