Señala organización violaciones a debido proceso en caso Yakiri

La organización Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH) aseveró que el caso de Yakiri Rubí Rubio puso a prueba una vez más el nivel de justicia que existe en el Distrito Federal, pues se violó el derecho a un debido proceso legal.

La asociación civil lamentó la dilación con que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) intervino en este asunto, donde tal parece que la corrupción y el poco interés siguen siendo características del sistema judicial capitalino.

En un comunicado, la presidenta de la CMDH, Eugenia del Carmen Díez Hidalgo, advirtió que de no subsanarse las deficiencias e irregularidades que se han presentado quedará en entredicho la credibilidad de las autoridades judiciales locales.

La joven acudió al Ministerio Público a denunciar que fue violada, pero minutos después pasó de víctima a victimaria, al ser denunciada por haber dado muerte a su presunto agresor, recordó.

Reprobó la poca atención que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) ha dado a este caso suscitado a principios de diciembre en la colonia Doctores, cuando los hermanos Miguel Ángel y Luis Omar Ramírez Anaya, habrían introducido a un hotel de la zona a la joven.

En ese lugar, presuntamente Yakiri Rubí Rubio fue violada por Miguel Ángel Ramírez Anaya y a quien después le provocaría heridas de muerte con la navaja del agresor, refirió.

"La CDHDF es una institución que fue creada para defender los derechos de los habitantes de la Ciudad de México, y este es un caso en el cual debió haber intervenido casi de oficio, pues las deficiencias del proceso se denunciaron públicamente a través de los medios de comunicación y las redes sociales", precisó.

La presidenta de la CMDH sostuvo que el día de los hechos, el Ministerio Público privilegió la denuncia de Luis Omar Ramírez, hermano del occiso, a la previamente interpuesta por la víctima.

Agregó que la autoridad no inició las investigaciones del caso ni tomó los testimonios correspondientes tampoco valoró ninguna prueba, razón por la cual la joven fue detenida de inmediato, sin existir orden de aprehensión en su contra.

Díez Hidalgo resaltó que en este caso el Ministerio Público y en su caso el juez que libró la consignación penal, no cumplieron con las reglas y lineamientos establecidos en el marco jurídico-legal para proceder y actuar con verdadera justicia.

"Se trata de una grave violación al debido proceso, y todo esto además está consignado en los tratados internacionales que México ha suscrito y se hicieron más notorios en la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos, como son los pactos de Derechos Civiles y Políticos, y de San José, entre otros", puntualizó.