El PT presenta iniciativa para despenalizar el aborto en el Estado de México

Un hospital
El pasillo de un hospital. (ARCHIVO)
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  • El Partido del Trabajo presentó la propuesta en el Congreso local.
  • Se estima que se practican 135 mil abortos clandestinos al año.
  • Buscan que las mujeres puedan decidir en las primeras 12 semanas.

La bancada del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso local presentó la iniciativa para despenalizar el aborto en el Estado de México, bajo el argumento de que se estiman al menos 135 mil prácticas clandestinas al año.

22,500 mujeres mexiquenses han interrumpido su embarazo en los últimos seis años El diputado de la fracción parlamentaria petista, Norberto Morales Poblete, dijo que las leyes mexiquenses contemplan varias causales para permitir la interrupción del embarazo como la malformación, productos de violación y cuando está en riesgo la vida de la mamá, sin embargo, el objetivo es ampliar la ley para que por la causa que sea las mujeres puedan decidir por el aborto.

"Se trata de otorgar a las mujeres el derecho a decidir, y antes de las primeras 12 semanas de gestación, sea posible optar por esta práctica, tal y como ocurre en el Distrito Federal", precisó.

El legislador mexiquense dijo que las mujeres deben ser libres y responsables sobre su cuerpo, en relación con el número de hijos que quieren tener, y consideró que mantener vigente la penalización es "un gravísimo problema de injusticia social y de salud pública".

Lo anterior, porque según a datos de la Secretaría de Salud del Distrito Federal y el Grupo de Información en Reproducción Elegida, de las 95 mil 925 interrupciones que se registraron en la capital del país entre abril del 2007 y febrero del 2013, al menos 22 mil 500 corresponden a mujeres mexiquenses, es decir, 23 por ciento.

El 82 por ciento de las prácticas fue a personas que declararon ser católicas pero con situación económica compleja, mientras que 41 por ciento sólo cuenta con educación básica.

En la propuesta se menciona que se impondrá de uno a tres años de prisión o de 200 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta que otro la haga abortar, después de las 12 semanas de embarazo.

En lo que respecta al aborto forzado, impondrán de cinco a ocho años de prisión, si hay violencia física o moral serán de ocho a 10 años, si lo practica un médico cirujano, comadrón, enfermera o practicante, suspenderán el ejercicio de su profesión.

La propuesta de reforma precisa que las instituciones públicas deberán proporcionar servicios de consejería médica y social respecto de qué otras opciones hay además de la interrupción legal del embarazo tales como adopción o programas sociales de apoyo.

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