Postergar Ley de Seguridad Interior deteriora confianza: ombudsman

Postergar Ley de Seguridad Interior deteriora confianza: ombudsman

El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, destacó que postergar la discusión y definición de la Ley de Seguridad Interior tiene como precio que no se garanticen niveles mínimos de seguridad...

El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, destacó que postergar la discusión y definición de la Ley de Seguridad Interior tiene como precio que no se garanticen niveles mínimos de seguridad para las personas y su patrimonio.

Además, que no se abata la violencia y continúe el deterioro de la confianza de la sociedad en las instituciones y su credibilidad.

Al participar en el Foro Nacional "Sumemos Causas por la Seguridad: Ciudadanos + Policías", enfatizó que antes de emprender la necesaria reforma relativa a las policías civiles, se asumió como prioritario discutir una Ley de Seguridad Interior.

La ley, dijo, permitiría que la provisional y extraordinaria participación militar en la seguridad de las personas se convirtiera en permanente y ordinaria, aunque implique, en la práctica, dejar de lado postulados como el Artículo 21 Constitucional.

Acompañado por María Elena Morera, dirigente de Causa en Común, señaló que la reforma policial debe asumirse como prioridad para el Estado mexicano.

González Pérez resaltó que cualquier política pública que se quiera adoptar en materia de seguridad y justicia tendrá alcance y efectos limitados si no contempla la definición del modelo policial que se requiere, así como la dignificación y revaloración de los agentes.

Reconoció que México cuenta con cuerpos policiales que carecen de capacidades y recursos suficientes, así como de un marco jurídico y normativo para coordinar y hacer eficiente su actuación.

"Pretender encontrar en la defensa y protección de los derechos humanos la causa última de la inseguridad y de la impunidad, así como argumentar que los organismos de protección y defensa de los derechos fundamentales dan la espalda a los derechos que asisten a las autoridades, entre ellas a los policías, es una falsedad", afirmó.

Indicó que los resultados de utilizar a las Fuerzas Armadas de manera reactiva y provisional en labores de seguridad propiciaron que la discusión integral, objetiva, plural e informada sobre el modelo policial, sea un pendiente en el Poder Legislativo.

Ello, dado que impide que los recursos públicos invertidos en y para las policías se potencien y aprovechen, que los cuerpos policiales se fortalezcan y consoliden, y que la sociedad acceda de manera efectiva a niveles de seguridad que requiere y a la calidad de vida que merece.

En el evento organizado por Causa en Común en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, Gonzalez Pérez demandó una política en materia de seguridad que ponga en el centro de la misma a las personas, más que la obtención de objetivos que sean indiferentes a las consecuencias que produzcan en perjuicio de las personas y la sociedad.

Puso en relieve que las mejores policías, las que son eficaces en el cumplimiento de su mandato y merecen la confianza y el apoyo social, funcionan, al menos, sobre las bases de un mandato claro, un sistema de carrera profesional con los derechos adecuados para esa delicada función y múltiples mecanismos de control internos y externos.

El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expuso que en nuestro país, ninguna de esas bases está debidamente establecida o suficientemente implementada en los niveles federal, estatal o municipal, lo cual explica muchos de los problemas que enfrentamos y refuerza la necesidad de atender sus causas.

Dijo que recuperar la confianza de la sociedad en las instituciones significa recobrar la credibilidad y confianza de la sociedad en las policías como vínculo inmediato entre autoridades y personas, y eslabón indispensable para el cumplimiento y aplicación de la ley, para lo cual se requiere que la institucionalidad en las policías se establezca y consolide con independencia de intereses particulares o coyunturas políticas.

"Las policías -expuso- no pueden ser instrumentos de un gobierno, sino órganos de un Estado que protege y promueve la democracia, el cumplimiento y aplicación de la ley, así como el respeto y vigencia de los derechos humanos".

Se pronunció por repensar la relación entre sociedad y policías para reconstruirla bajo parámetros de respeto, colaboración y legalidad, que contribuyan a la cohesión social y a elevar la calidad de vida de las personas y comunidades, trascendiendo la mera disuasión de los ilícitos.

Aseguró que las policías deben reafirmarse como instituciones con vocación de servicio, guardianes de la ley, del orden, de la legalidad, de los derechos humanos, garantes de la seguridad y de la convivencia social pacífica.

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