Congreso local tiene leyes que serán soporte de Sistema Anticorrupción

Congreso local tiene leyes que serán soporte de Sistema Anticorrupción

El Congreso de Jalisco ya tiene leyes que serán soporte importante del Sistema Estatal Anticorrupción: reforma al Código Penal del Estado y las nuevas leyes Orgánica del Tribunal de Justicia...

El Congreso de Jalisco ya tiene leyes que serán soporte importante del Sistema Estatal Anticorrupción: reforma al Código Penal del Estado y las nuevas leyes Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, de Fiscalización y Rendición de Cuentas y de Responsabilidades Políticas y Administrativas.

El presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del estado, Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo, agregó que los legisladores locales ya eligieron también a los nueve integrantes de la Comisión de Selección del mismo sistema.

el diputado local del Partido Revoluciionario Institutcional (PRI) detalló que votaron por Raúl Ernesto Quintero Peña, Juan Gerardo de la Borbolla Rivero, Roberto Arias de la Mora, Héctor Manuel Robles Ibarra y Mara Nadiezhda Robles Villaseñor, como aquellos propuestos por universidades.

Añadió que René Justin Rivial León, Josefina Isabel Sepúlveda Campos, Diego Petersen Farah y María Isabel Lazo Corvera, fueron designados por la Asamblea de la lista integrada por propuestas hechas por organismos de la sociedad civil.

Resaltó que este órgano será fundamental en el Sistema Anticorrupción, ya que tendrá como encargo elegir a quienes serán los integrantes del Comité de Participación Social del mismo sistema, además de participar en la definición de otras instancias.

Precisó que la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado y sus Municipios sustituye a la Ley de Fiscalización y Auditoría Superior, y se aplicará sobre aquellas cuentas públicas que se generen a partir del año 2018.

El legislador local dijo que es un ordenamiento de avanzada, toda vez que el Pleno del Congreso ya no fincará los créditos fiscales, lo que elimina el rasgo de manejo político que se pudiera haber cuestionado al actual proceso.

"Las responsabilidades administrativas graves serán calificadas por el Tribunal de Justicia Administrativa, instancia la que tendrá que determinar los créditos fiscales derivado del informe que emita la Auditoría Superior del Estado, ahora el Congreso ya no los impondrá".

Ruiz Esparza Hermosillo manifestó que en caso de responsabilidades penales el tribunal tendrá que dar cuenta a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Explicó que una vez que entre en vigor esta nueva legislación, la vigencia del titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco será por un periodo de ocho años con posibilidad de reelección por otro tanto, proceso en el que participará el Comité de Participación Social del Sistema, con evaluaciones a los candidatos.

Además, se eliminan los principios de anualidad y posterioridad, para poder hacer auditorías a años en curso.

El priista destacó que el Tribunal de Justicia Administrativa suple al Tribunal de lo Administrativo y será un organismo constitucional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, por lo que contará con autonomía técnica, de gestión, presupuestal y administrativa.

Afirmó que será la máxima autoridad jurisdiccional en materia de justicia administrativa y de responsabilidad de los servidores públicos, tendrá competencia en contra de actos o resoluciones de autoridades de la administración pública, estatal o municipal.

También en asuntos que impliquen una afirmativa ficta o que determinen una responsabilidad ambiental; resolver cuestiones relativas a actos de corrupción de servidores públicos y actos graves de particulares.

Mencionó que el Tribunal estará integrado por una sala superior y salas unitarias, y contará con su órgano interno de control.

El legislador apuntó que la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas de Jalisco es la nueva legislación que velará por el buen y correcto desempeño de los empleados jaliscienses, y sustituye a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

Señaló que esta legislación dicta que los poderes Legislativo y Judicial, los organismos constitucionales autónomos, así como municipios y entidades de la administración pública centralizada y para municipal deberán crear órganos internos de control para promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento de los entes públicos.

Indicó que avalaron la modificación a diversos artículos del Código Penal, entre otros, la adición del Capítulo XIII denominado "Del ocultamiento o falsificación de rendimientos y tráfico de influencias al Título Séptimo del Libro Segundo y los artículos154-L y 154-M".

También, se establecen los delitos por hechos de corrupción: ejercicio indebido y abandono del servicio público, cohecho, peculado, uso ilícito de atribuciones y funciones y enriquecimiento ilícito.

Dijo que cuando este tipo de violaciones a la ley sean cometidos por servidores públicos electos popularmente o cuyo cargo se encuentre sujeto a ratificación por el Poder Legislativo, las penas se incrementarán en un tercio de lo previsto, y si los protagonistas son miembros de corporaciones policiacas las sanciones establecidas serán aumentadas hasta en una mitad.

Apuntó que se crea el delito de ocultamiento o falsificación de rendimientos y tráfico de Influencias: refiriéndose al particular que en su carácter de contratista, permisionario, proveedor, asignatario o concesionario, con la finalidad de obtener un beneficio para sí o para un tercero, oculte o falsee información respecto de los rendimientos o beneficios que obtenga, se le impondrán de tres meses a nueve años de prisión y multa por el importe de 30 a 100 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Así como al que en beneficio propio o de terceros, por sí o por interpósita persona, intervenga valiéndose de su influencia afectiva, política, laboral, familiar o moral ante los servidores públicos facultados para tomar decisiones en negocios públicos para promover la resolución de los mismos, a cambio de obtener un beneficio para sí o para otro, se le impondrán de dos años a seis años de prisión y multa de 30 a 100 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Puntualizó que de esta manera el Congreso de Jalisco da un importante avance en la habilitación de la estructura legal y puesta en marcha del Sistema Estatal Anticorrupción, mismo al que aún le faltan algunas otras legislaciones para estar completo.

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