Ombudsman nacional llama a "no cerrar los ojos" ante explotación infantil

Ombudsman nacional llama a "no cerrar los ojos" ante explotación infantil

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, dijo que ante la explotación, la violencia y el maltrato infantil y de adolescentes "no podemos cerrar...

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, dijo que ante la explotación, la violencia y el maltrato infantil y de adolescentes "no podemos cerrar los ojos o pretender que no existe lo que es evidente".

"No podemos permanecer indiferentes ante situaciones que niegan su dignidad y cancelan sus posibilidades de acceder a un desarrollo armónico y pleno", resaltó el ombudsman nacional.

Al participar en el Foro de Análisis Los Derechos de la infancia y la Adolescencia en México en la Agenda 2030, destacó la necesidad visibilizar las problemáticas que enfrenta de manera cotidiana la niñez mexicana.

Planteó que son múltiples los retos y las asignaturas pendientes que como sociedad tenemos hacia la niñez, derivado de la pobreza, exclusión, violencia desintegración familiar e ignorancia, entre otros factores.

Las metas incluidas en la Agenda 2030 se dirigen a hacer efectivos los derechos elementales, como el derecho a la salud, la educación, la igualdad sustantiva, a una vida libre de violencia, y priorizan la atención de graves problemas sociales como la eliminación de la pobreza, la inequidad y la desigualdad, subrayó.

De ahí que los Objetivos de Desarrollo del Sostenible (ODS), integren también las perspectivas de género, ciclo de vida y transversalidad de políticas, añadió.

El Estado, subrayó, tiene la obligación constitucional de adecuar la estructura y procesos internos de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para que cuenten con los recursos financieros, materiales y humanos idóneos para traducir las ideas y necesidades de los menores de edad en políticas públicas.

Además, en planes, programas y acciones integrales, cuyo diseño e implementación deberá necesariamente considerar su autonomía progresiva y la etapa de desarrollo en que se encuentren.

Actuar únicamente como receptores pasivos de las voces de niñas, niños y adolescentes es insuficiente, debe hacerse efectivo su derecho de participación, puntualizó el titular de la CNDH.

A su vez, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, dijo que el país enfrenta varios retos para cumplir con los compromisos de la Agenda 2030 en favor de la niñez.

La solución de estos retos no solo compete a organismos como el Sistema Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sippina), sino a las instituciones de procuración de justicia y a los tres niveles de gobierno, aclaró.

Entre los desafíos importantes que en relación a la niñez, según ha identificado Naciones Unidas, son la falta de respuesta de políticas públicas al problema de la pobreza y abandono, el abuso y la niñez migrante.

"Los niños no son mascotas, los niños son seres humanos que necesitan vínculos afectivos y emotivos con otros seres humanos", destacó el representante del organismo internacional, al exhortar a los gobiernos locales a impedir que niñas, niños y adolescentes sean separados de sus familias en situación de pobreza, a fin de evitar el abandono.

En materia de abuso, manifestó su preocupación por la alta incidencia de violencia sexual en varios entornos, no solo por cuestiones de trata sino aquella relacionada con los hogares, así como los esfuerzos insuficientes para identificar, proteger y rehabilitar a los menores víctimas de este ilícito.

A su vez, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa, dijo que trabajar en la implementación de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes es indispensable para resolver las cuestiones estructurales que generan violaciones en este sector vulnerable.

México cuenta con un nuevo marco constitucional de desechos humanos que reconoce las obligaciones y deberes del Estado en la materia y mandata a todas las autoridades en el ámbito de su competencia a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de este sector, enfatizó.

Además, a prevenir, sancionar e investigar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establece la ley, finalizó el funcionario federal.

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