Derechos Humanos pide restituir daño y mayor seguridad para comunidades waritari

Derechos Humanos pide restituir daño y mayor seguridad para comunidades waritari

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, pidió a las autoridades estatales y municipales garantizar la seguridad al territorio...

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, pidió a las autoridades estatales y municipales garantizar la seguridad al territorio wixaritari.

Solicitó se haga la restitución de tierras para las comunidades de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan, así como la reparación integral colectiva por el asesinato de los defensores de derechos humanos Miguel y Agustín Vázquez Torres el 20 de mayo pasado.

Al presentar la Recomendación 31, la primera en la historia de la defensoría en resolverse en menos de 40 días, el ombudsman dijo que se comprobó la violación de los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica por indebido cumplimiento de la función pública en contra de los líderes wixaritari, sus deudos y al pueblo en general.

Explicó que hubo, por parte de los policías, una indebida actuación u omisión de la función pública en tres momentos: primero, al detener a los involucrados en una riña y su posterior liberación sin activar el proceso de justicia administrativa.

Como segundo momento, indicó que al haber llegado a la localidad y no permanecer ahí, ya que fue justo en ese lapso cuando presuntamente ocurre el doble homicidio.

“Tercero, después del homicidio en dos aspectos específicos: uno, al no hacer frente ante la eventual huida de los agresores; y dos, al no actuar en el marco de sus atribuciones para intervenir como primeros respondientes del delito”, dijo.

Añadió que la Comisión estima que la capacidad de fuerza de seguridad pública del municipio de Bolaños es insuficiente para atender las necesidades de su amplio territorio.

“En este caso, el Gobierno del Estado debe actuar de forma solidaria considerando que ya tenía conocimiento de la situación de inseguridad en la zona, y si bien ya había iniciado acciones para atender esa demanda social, no se alcanzaron a concretar las garantías suficientes para evitar hechos como los aquí documentados”, señaló.

Determinó que se está ante un hecho victimizante, al tratarse de una actuación omisa, imprudente e irregular cometida en agravio no sólo de los deudos de las dos víctimas directas, sino también de todos los habitantes de Tuxpan de Bolaños y en general de las comunidades wixaritari, por lo que se debe hacer una reparación del daño colectiva.

“Esta defensoría estima que deben incluirse acciones políticas y públicas que reivindiquen, de manera integral, los derechos de las comunidades wixaritari. El primer punto es atender la seguridad pública. El segundo es garantizar el acceso a la justicia agraria.

Para ello, las autoridades de los tres niveles y distintos ámbitos de gobierno deberán ordenar la restitución de casi 10 mil hectáreas que están en posesión de ganaderos y de personas ajenas a la comunidad en el vecino estado de Nayarit y que pertenecen a las comunidades de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños”.

Señaló que las autoridades no pueden exponer como justificación la presencia de supuestos grupos ilegales en la zona, ya que, como se ha mencionado, el deber de garantizar la seguridad pública es del Estado; más aún, en lugares donde previamente les ha sido señalada la presencia de grupos criminales.

La Recomendación 31 fue dirigida, en primera instancia, al Pleno del Ayuntamiento de Tuxpan de Bolaños y, por estar dentro de sus atribuciones, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a la Fiscalía Regional del Estado.

También se envió a la Secretaría de Desarrollo Social, a Asuntos del Interior de la Secretaría General de Gobierno, al Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, al alcalde de Mezquitic, al Congreso del Estado y a los presidentes municipales de Jalisco.

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