Amnistía Internacional envía carta a Macri por plan Libertad Religiosa

Amnistía Internacional envía carta a Macri por plan Libertad Religiosa

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional envió una carta al presidente de Argentina, Mauricio Macri, para manifestar su preocupación por su proyecto sobre Libertad Religiosa, que...

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional envió una carta al presidente de Argentina, Mauricio Macri, para manifestar su preocupación por su proyecto sobre Libertad Religiosa, que puede poner las creencias por encima de la ley.

La misiva, entregada el 12 de junio y dada a conocer este martes, explicó que hay alarma porque la iniciativa elaborada por la Secretaría de Culto de la Nación usa el lenguaje, los principios y estándares de derechos humanos que busca someter.

Recordó que la Constitución consagra el derecho a la libertad de culto y protege la libertad religiosa, además de leyes contra la discriminación por factores religiosos, entre muchos otros.

La carta advirtió que el proyecto gubernamental “lejos de fortalecer un Estado laico que otorgue libertades a sus individuos, busca favorecer un Estado pluriconfesional, con fuerte injerencia de las religiones en el ejercicio de los derechos de las personas y lo público”.

Agregó que los individuos tienen el derecho de profesar alguna religión o ninguna, “pero la norma pareciera olvidar y desproteger a todo este universo de personas que deciden no profesar un culto”.

También recordó que Argentina, en sus compromisos internacionales, ha reafirmado que la laicidad del Estado es fundamental para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, la profundización de la democracia y la eliminación de la discriminación contra las personas”.

Sin embargo, el proyecto del gobierno explicita el derecho a la objeción de conciencia, al establecer que “toda persona tiene derecho a invocar un deber religioso relevante o una convicción o moral sustancial como razón para negarse a cumplir una obligación jurídica”, incluyendo a los funcionarios públicos.

A su vez, establece que “el objetor debería ofrecer la realización de una prestación sustitutiva que permita en lo posible equilibrar las cargas públicas”.

Estas normas, alertó Amnistía Internacional, constituyen un retroceso al permitir que funcionarios públicos se nieguen a cumplir la tarea para la cual fueron contratados y revierte la excepcionalidad de “objeción de conciencia” para transformarla casi en una regla.

Bajo estos parámetros, precisó, un docente podría negarse a enseñar la “teoría de la evolución” o dar clases de educación sexual por encontrarse en pugna con su creencia religiosa; un juez podría no casar a una pareja del mismo sexo y un médico rechazaría practicar un aborto legal.

“Las concepciones morales, religiosas o de cualquier otro tenor no pueden justificar que se otorgue prevalencia legal a sus ideas, porque ello implicaría imponer un tipo de creencia específica a otras personas que no las comparten”, señaló el organismo.

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